En estas últimas semanas nos hemos encontrado con una grata noticia: el nuevo gobierno del Estado, resultado de la aprobación del voto de censura al PP planteada por el PSOE y apoyada por una mayoría parlamentaria, ha difundido que una de sus primeras medidas a tomar es la de volver a implantar el derecho a la Asistencia Sanitaria en el Sistema Público con carácter universal es decir para todas las personas que vivan en nuestro país.
Se han dado rápidamente los primeros pasos para ello mediante una serie de consultas al conjunto de las Administraciones Públicas sanitarias de las CCAA (Comisión delegada del Consejo Interterritorial del SNS) y a las organizaciones y movimiento sociales que han estado luchando contra el RDL y defiendo el derecho a la salud y a la asistencia sanitaria de múltiples formas.
Recordar brevemente que este RDL supuso un cambio radical en el modelo sanitario público, universal y solidario conseguido por las luchas sociales y que lo justificaron por situaciones de emergencia económica que eran, como se ha demostrado, toda una artimaña para conseguir su objetivo de desmontarlos y privatizarlo.
Con el RDL se produce cambio en la Accesibilidad Universal del derecho a la asistencia sanitaria en el Sistema Sanitario Público, de todo ciudadano residente en España, que pasará de nuevo a estar mediada por criterio del “aseguramiento”. Esto conlleva a promover la exclusión social y sanitaria del sector social más vulnerable. Los primeros en estar excluidos son los inmigrantes que no tienen actualizado el permiso residencia, pero después aparecen otros sectores afectados como españoles con renta mayores de 100000 € o aquellos que emigran para buscar trabajo y a los 90 días pierden su derecho o las reagrupaciones familiares.
También se recorta y fragmenta la asistencia sanitaria integral y la continuidad asistencial a determinados grupos de población, se replantean las prestaciones ofrecidas por el Sistema Sanitario Público con disminución de las mismas o diferenciación en los sistemas de acceso a las mismas con aumento e introducción de mayor repago para ciertas prestaciones como la farmacéutica y de varios accesorios, traslado en ambulancia, … Todo deteriora claramente la equidad y la calidad del sistema.
Durante los seis largos años de vigencia el susodicho RDL y las políticas de austeridad que le acompañaban han dado lugar a pérdida de derechos en el sector de la sanidad, a efectos negativos en el nivel de salud de la población y a un destrozo significativa del funcionamiento y la calidad del sistema sanitario público.
Todo ello ha sido denunciado por organismos internacionales de Derechos Humanos (Consejo de Europa y CDESC de la Naciones Unidas) y por muchas organizaciones y movimientos sociales (YoSi SANIDAD Universal, REDER, Amnistía Internacional, MATS, MB,..) en nuestro país que han estado luchando durante estos 6 años contra la exclusión sanitaria y a las que queremos felicitar por su valioso trabajo que ha sido elemento importante en este proceso de revertir la situación.
Compartimos la satisfacción de que se haya iniciado este trabajo para legislar el acceso universal a la atención sanitaria, pero queremos insistir y por lo tanto apoyar una serie de aspectos que nos parecen claves, aprendidos en la lucha de estos años por la Sanidad Pública:

  1. Blindar el derecho a la salud y a la asistencia sanitaria pública en nuestra Constitución como un derecho fundamental que debe estar garantizado por los poderes públicos, que no pueda volver a ser vulnerado a golpe de decreto. Deben iniciarse los trámites para cambios en la actual Constitución que seguro que exigen cambios en la composición del Parlamento del Estado.
  2. Eliminar el concepto de cobertura por aseguramiento en función de las cotizaciones a la Seguridad Social, y sustituirlo por la cobertura como derecho personal.
    El Sistema Nacional de Salud ya no está ligado a la Seguridad Social en cuanto a su financiación (no se financia con cuotas a la Seguridad Social desde 1999), por lo que deben derogarse los RD-l 16/2012 y el RD 1192/2016 que mantienen y refuerzan la ligazón del derecho a la asistencia sanitaria con la condición laboral, familiar, administrativa y de ingresos de las personas. Debe eliminarse el papel re-centralizador otorgado al INSS, que ha ampliado sus funciones en cuanto al “reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria”.
    La reconstrucción de un modelo de Sistema Nacional de Salud basado en el derecho a la salud como “derecho humano” requiere la eliminación de las figuras administrativas de “asegurado” y “beneficiario”.
  3. Devolver la cobertura sanitaria a las personas de nacionalidad española que salen del territorio español durante más de 90 días. Es necesario acabar con la exclusión de personas emigradas, para que estas puedan tener Tarjeta Sanitaria Europea cuando salen fuera a otros países de Europa, sanidad a través de convenios si salen a otros lugares del mundo, y para que puedan tener sanidad cuando vuelven.
    La exclusión de las personas españolas emigradas al extranjero se produjo con la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, y que debe ser modificada en una próxima Ley.
  4. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) debe dejar inmediatamente de aplicar la instrucción por la que niega la tarjeta sanitaria a padres y madres reagrupados por sus hijos después de abril de 2012. El INSS ha perdido sistemáticamente en los tribunales cuando se ha denunciado esta instrucción. Deben darse la instrucción oportuna para la entrega inmediata de la Tarjeta Sanitaria a todas las personas con permiso de residencia.
  5. Buscar o ampliar las formas de acreditación de la residencia efectiva más allá del empadronamiento para obtener el reconocimiento del derecho a la atención sanitaria. Es necesario encontrar medidas para que el acceso a la atención sanitaria no dependa de las diferentes formas en las que las administraciones locales, incluso dentro de un mismo municipio, dificultan o facilitan la inscripción en el padrón. No hay equidad en el empadronamiento, así que o logramos esa equidad en todos los municipios o pensamos en otro requisito básico para acceder a la sanidad que no genere tantas desigualdades.
  6. Eliminar el requisito de los 90 días de estancia para reconocer la residencia efectiva. La nueva legislación debe ser tajante en la exigencia a los servicios regionales de salud de proporcionar asistencia sanitaria a cualquier persona que establezca su residencia en territorio español sin establecer ningún tipo de plazo.
  7. Acabar con las facturaciones y los compromisos de pago en los servicios de urgencias, que deben quedar únicamente para aquellos casos en los que una empresa aseguradora o Mutua acredite su compromiso de asumir el coste de la atención sanitaria de la persona que así lo manifieste o solicite.
  8. Plantear al debate público un amplio programa de recuperación y fortalecimiento del Sistema Sanitario Público con participación de la ciudadanía, de los trabajadores sanitarios y de los movimientos sociales. Debe propiciarse transparencia y amplia publicidad para restituir el derecho.
  9. Por último, creemos necesario que se efectúe una “Auditoria Ciudadana” de los efectos ocasionados por RDL 16/2012 y se analicen las responsabilidades penales y administrativas que se hayan podido producir.

Juan Luis Ruiz-Gimenez
Médico del MATS
Madrid 24 de junio 2018