El PSOE denuncia que Alerta, la adjudicataria de los traslados sanitarios programados, «cobra en ‘B’ traslados de pacientes»


Sanidad le abre un expediente por pedir 180 euros indebidamente


«Umm… Disculpe, no sé de lo que está hablando. Es como si me hablase en chino. No tenemos que decir nada sobre asunto». Así contestaba un portavoz de la empresa de ambulancia Alerta, la adjudicataria del transporte no urgente de pacientes en la Comunidad de Madrid, a este diario tras unos minutos de consulta a un responsable de la entidad, al requerirle su versión sobre una acusación tan grave, como que está cobrando en negro traslados indebidos de pacientes.

La acusación la hace el diputado socialista José Ángel Gómez Chamorro después de reunirse con miembros del Comité de Empresa de Alerta, que le informaron de la situación en la que trabajan así como del fraude. De hecho, le facilitaron imágenes captadas por los propios empleados en las que, supuestamente, la entidad les hace llegar una dirección y el dinero a cobrar «siempre en ‘B’ y sin factura».

La Comunidad de Madrid «no tiene conocimiento» de que haya un expediente abierto por esta causa. En realidad, reconoce, que sí existe una «propuesta de inicio de un proceso sancionador por un traslado del Hospital Ramón y Cajal al de Paraplégicos de Toledo», precisa.

Según relata un portavoz de la Consejería de Sanidad, el traslado del paciente estaba fijado para el 24 de octubre. «En un primer momento solicita el traslado el hospital y luego, el Summa. Alerta dice que va a cobrar al paciente el transporte, que lo tiene que pagar su aseguradora. A ese argumento, el Summa le aclara que ese cobro es una cuestión que les compete a ellos, que ya se entenderían con la aseguradora», ya que entienden que el servicio está dentro del contrato adjudicado.

Finalmente, «el servicio no se presta, y sabemos que al día siguiente se realiza el traslado por la misma empresa con un coste para el paciente de 180 euros», precisa el portavoz de la Consejería.

14796017068095La Comunidad entiende que el expediente puede ser incoado por «tener una conducta muy grave. La infracción administrativa muy grave está sancionada con una multa que va de los 15.000 a 120.000 euros. Hasta ahora no consta otra incidencia similar a esta», precisa. Sanidad insiste en que ellos serán rigurosos en la aplicación de la normativa y que cualquier «denuncia formal» -con nombres y apellidos- se va a investigar.

Desde el Gobierno regional aseguran que no es la primera vez que han tenido quejas del servicio de esta empresa. De hecho, dicen que el pasado verano se le abrieron hasta siete expedientes por retrasos en el servicio y, «incluso, en algún caso por no ofrecerlo, por un total de 12.000 euros».

Señalan que esta misma empres se presentó al concurso de transporte urgente de pacientes y, tras resultar seleccionada como la mejor oferta, la Administración le pidió que le hiciese llegar un plan de negocio debido a que su oferta era muy baja. «También se lo pedimos a la que fue elegida en segundo lugar. Alerta nunca nos lo envió, sí lo hizo la otra, por lo que, acabamos eligiéndola», precisa.

El diputado socialista reclama una «investigación urgente por parte de la Consejería de Sanidad acerca de este asunto y una revisión de los criterios de las condiciones en los concursos que convoca esa consejería». El PSOE ha registrado una pregunta al consejero sobre esta cuestión y ha pedido su comparecencia en la Comisión de Vigilancia de la Contratación.

«Si los hechos de los que vamos teniendo conocimiento se confirman, estamos ante una estafa pública en toda regla», precisa.

A todo esto, añade que el transporte sanitario la Comunidad de Madrid «prima exageradamente la oferta económica sobre otras consideraciones. La menor oferta económica aporta el porcentaje fundamental de la valoración a la hora de adjudicar el contrato a una u otra empresa. La valoración de la calidad del servicio que se oferta (que se mide en los informes técnicos) tiene muy poco peso en porcentaje en el concurso y, por lo tanto, en la valoración final».

A su juicio, «no dar importancia a las condiciones en que se presta el servicio tiene unas consecuencias nefastas para calidad del mismo. El descontrol que existe respecto de las contratas del transporte sanitario está perjudicando la calidad del servicio a la ciudadanía y provocando importantes demoras cuando se requiere el uso de transporte sanitario, lo cual constituye no sólo un mal servicio, sino en ocasiones un riesgo para el paciente», denuncia.

Asegura que en el caso del transporte sanitario programado son «continuas» las quejas por demoras o la falta de programación adecuada del servicio para el traslado a consultas.

Fuente: El Mundo