En estos últimos días estamos asistiendo a una muestra más de los recortes y las nefastas políticas sanitarias del PP de la Comunidad de Madrid.
Como ha sido publicado por diversos medios de comunicación, desde el pasado fin de semana miles de madrileños están sufriendo importantes retrasos, e incluso la no prestación, del servicio de ambulancias para el traslado de su domicilio a los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid para la realización de pruebas, consultas, tratamientos o ingresos, y viceversa.
En muchos casos, y ante el riesgo de perder sus citas por retrasos, se están viendo obligados a costearse miles de euros en taxis para llegar a tiempo.
¿Pero que está ocurriendo con el servicio de ambulancias en la Comunidad de Madrid?
Según el Real Decreto 1030/2006, el transporte sanitario urgente está incluido en la cartera de servicios comunes del SNS y el Transporte Sanitario No Urgente (utilizado para desplazar a consultas, pruebas, tratamientos o ingresos programados en hospitales públicos de aquellos pacientes que por imposibilidad física u otras causas exclusivamente clínicas, no puedan utilizar un transporte ordinario) en la cartera común suplementaria del SNS.
En la Comunidad de Madrid el Summa112 es el encargado de prestar ambos  (urgentes y programados), aunque subcontrata a empresas privadas para realizar íntegramente los traslados programados y parte de los urgentes.
Ambos tipos de traslados en ambulancia han estado envueltos en un sinfín de anomalías en la Comunidad de Madrid en los últimos años.
El último concurso de ambulancias urgentes tuvo lugar en 2016 y se inició con polémica, ya que la empresa que ganó inicialmente el contrato (Ambulancias Alerta) retrasó el proceso casi un año al no poder demostrar la solvencia económica de la oferta que presentó, según parecía era tan baja que no cubría ni los salarios de los trabajadores. Finalmente, fue la UTE Ferrovial-SASU la que se adjudicó el concurso, pero parece que tampoco ésta iba a ser ella la panacea y a los pocos meses los propios usuarios y trabajadores denunciaban que la empresa mantiene hasta 43 ambulancias con solo un conductor, poniendo en peligro la vida de los pacientes atendidos, para ahorrarse miles de euros en personal.
Y por si fuera poco esto, recientemente nos enteramos que la justicia admite a trámite una denuncia contra la cúpula de la Consejería de Sanidad interpuesta por Ambulancias Alerta por un presunto delito de prevaricación al haber presionado (al parecer de forma no muy ética, como puede apreciarse en grabaciones) a la denunciante para retirarse de este concurso.
Por otro lado, tenemos el servicio de ambulancias programadas, que llevan envueltas en irregularidades bastante tiempo.
En 2016 fueron denunciados públicamente varios casos de cobros indebidos a usuarios (por parte de la empresa adjudicataria en aquel momento, Ambulancias Alerta) y sin facturas de por medio, para traslados que debían hacerse con cargo al SERMAS.
Su última licitación se publicó en abril de 2017 con un contrato por cuatro años que dividía la Comunidad de Madrid en 4 lotes, que finalmente fueron adjudicados a las empresas Santa Sofía, Sasu, Vitalia y Ambulancias María Pita.
A esta licitación también se presentó la empresa Ambulancias Alerta y, en la demanda señalada anteriormente, también aprovecha para denunciar presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación de ambulancias programadas como ausencia de transparencia durante todo el proceso, modificados a bolígrafo y tachaduras con corrector de los proyectos presentados a concurso,…
La pasada semana comenzaron a gestionar el transporte programado las nuevas empresas adjudicatarias y no con el mejor pie, pues simultáneamente hubo un fallo en el sistema informático de gestión y coordinación de ambulancias del SUMMA.
Es vergonzoso que la Consejería no tome las precauciones habituales que precisa el traslado de los datos de un sistema a otro, en un recurso tan crítico.
Como hemos indicado, llevamos una semana caótica con continuos e importantes retrasos que afectan a una gran mayoría de los pacientes, y por otro lado, parece que los trabajadores de las ambulancias programadas se están negando a recoger directamente de las plantas de hospitalización a los pacientes que son trasladados tras el alta hospitalaria a su domicilio.
Esto último, está generando que las raquíticas plantillas de celadores de nuestros hospitales públicos vean incrementadas exponencialmente sus cargas de trabajo y los pacientes tengan que esperar más aún para poder acceder a las ambulancias.
La Consejería de Sanidad ante todos estos problemas echa balones fuera y remite a las empresas concesionarias, haciendo una grave dejación de funciones.
Por todo ello, vemos claramente una vez más que los tejemanejes del PP de Madrid en todo lo relacionado con la asistencia sanitaria pública, no sólo están esquilmando sus presupuestos, si no que están impidiendo, de forma grave, el ejercicio en tiempo y forma del derecho constitucional a la protección de la salud por todos los madrileños.
¿Qué dicen los últimos pliegos al respecto?
Los pliegos son claros con los gastos derivados de la utilización por el SERMAS, o por los pacientes, de medios ajenos a la empresa adjudicataria por insuficiencia de los recursos asignados al contrato, desatención del servicio, tardanza excesiva, o en general por cualquier causa imputable al adjudicatario que de lugar al abono del servicio por el SERMAS o al reintegro de gastos a los pacientes, serán a cargo del adjudicatario y se deducirán directamente de la liquidación mensual que corresponda.
Además, establecen que todas las ambulancias para traslados en camilla, deberán contar con ayudante de empresa, cuando así se indique en la petición.
La llegada del paciente al centro sanitario se producirá con una antelación no superior a 40 minutos ni inferior a 10 minutos sobre la hora de la cita indicada en la orden de transporte.
La recogida del paciente, de vuelta a su domicilio, se producirá en un tiempo máximo de 90 minutos desde la comunicación al adjudicatario de la orden de transporte.
El adjudicatario de cada lote deberá asignar un coordinador de servicios de presencia física con horario ininterrumpido de 9:30 a 19:30, como mínimo por cada hospital general del grupo 2 y 3 (todos los hospitales excepto el Escorial, Henares, Infanta Cristina, Infanta Elena, Sureste y Tajo).
¿Qué pueden hacer los usuarios?
Desde MATS animamos a los usuarios a realizar reclamaciones formales por escrito ante los servicios de atención al paciente de los propios hospitales y/o ante la propia gerencia del summa112.
Para mayor comodidad, éstas también pueden presentarse por internet en la página web del SERMAS: https://servicioselectronicos.sanidadmadrid.org/CESTRACK/formulario.aspx
Por supuesto, todos aquellos pacientes que se hayan visto obligados a usar medios de transporte alternativos para llegar a tiempo a sus consultas, pruebas o tratamientos, tienen todo el derecho a reclamar el reintegro de gastos en el propio hospital.
Movimiento Asambleario de Trabajadores-as de Sanidad