Desde hace unos meses se vienen movilizando trabajadoras y trabajadores de las administraciones públicas. El motivo es denunciar que en este país alrededor de 700.000 empleados públicos se encuentran en una situación de fraude de ley según sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Durante años y años, muchos empleados públicos fueron encadenando contratos temporales, por culpa de unas administraciones que incumplieron la ley con el único objetivo de precarizar las condiciones laborales y disminuir los gastos sociales. No había ningún motivo para que todas las plazas estructurales –de más de tres años- fuesen saliendo a concurso oposición para convertirse en plazas fijas.
Tras la llamada de atención de la UE, el gobierno no tuvo más remedio que inventarse un plan de “estabilización” de empleo público sacando miles de plazas a concurso oposición. Dicho plan fue acordado con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF el 29 de marzo de 2017. Pero el plan es un caramelo envenenado para decenas de miles de empleados públicos que, en caso de no aprobar un examen, se encontrarán de patitas en la calle tras diez, quince o veinte años de sufrir la precariedad laboral.
Y os preguntaréis ¿cómo es posible que ese acuerdo lo firmen los sindicatos? Muy sencillo: porque tras las oposiciones se esconde el turbio negocio de las academias, los cursos y las afiliaciones cautivas que fuerzan a miles de personas a gastarse el dinero o apuntarse a sindicatos para vivir con la ilusión de una plaza fija.
¿Es justo que tras años y años de encadenar contratos precarios se juegue con el futuro de la gente y se desperdicie un caudal de experiencia tan amplio? No lo es y por ese motivo las trabajadoras y trabajadores temporales e interinos, se han organizado en una Plataforma para exigir que todas las plazas en fraude de ley se adjudiquen por medio de un concurso de méritos, tomando como única referencia el tiempo trabajado que lleva cada persona en su administración correspondiente. Así mismo, esto no excluye la convocatoria de otras miles de plazas por medio de concurso oposición con la regularidad que marque la ley.
Ante esta justa demanda estamos viviendo tres situaciones distintas: la indiferencia de muchas compañeras y compañeros que creen que este asunto no va con ellos; la incomprensión de otros que dicen que si ellos han “ganado” su plaza por examen es justo que también lo hagan los demás; y por último lo peor, la negativa de los sindicatos (tanto de los firmantes del acuerdo del 29-M como de los no lo firmaron pero lo apoyan explícitamente) a rectificar y apoyar esta lucha.
Ante la incomprensión, la indiferencia o la oposición; el MATS ha defendido y defenderá las reivindicaciones de la Plataforma de interinos y temporales. Y ello por tres razones fundamentales:

  • Porque sus reivindicaciones son completamente legítimas (como ha quedado demostrado en el Tribunal de Justicia de la UE).
  • Porque si ganamos esta batalla a la Administración -y de paso a los sindicatos que están apoyándola-, será un tremendo revulsivo para iniciar nuevos caminos como reivindicar el aumento de las plantillas, las 35 horas semanales o la carrera profesional para todas y todos por igual.
  • Y por último, porque la Plataforma nos está marcando el mismo camino con el que conseguimos en sanidad echar abajo la privatización de los hospitales públicos. El camino de la lucha y la autorganización.

Movimiento Asambleario de Trabajadores-as de Sanidad