El Acuerdo alcanzado por PSOE y UP para un Gobierno progresista de coalición contiene indudables avances. Entre ellos cabe destacar las derogaciones de la reforma laboral de 2012, la LOMCE y de la ley mordaza (aunque ahora se pueda cerrar una web sin intervención de un juez).También se incluyen algunas mejoras en el empleo, elevación del salario mínimo, extensión de la Atención Temprana pública y gratuita, mejora de las pensiones y de los ingresos de la Seguridad Social, y un Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente.

En cuanto al sector sanitario también se recogen algunos avances como la derogación de la Ley 16/2012, haciendo efectiva la universalidad de la atención sanitaria, la eliminación de los copagos, la introducción de prestaciones de salud bucodental, el derecho a una muerte digna y la regulación de la eutanasia.

Se incluye también el incremento de la financiación pública de la sanidad hasta el 7% del PIB en esta legislatura, algo imprescindible para su normal funcionamiento después de los recortes de los últimos años. Así mismo se apunta algo muy necesario, que la innovación tecnológica que se incorpore sea coste-efectiva y que beneficie a toda la ciudadanía de forma equitativa.

Un avance importante supondrá la mejora de la Atención Primaria que se plantea, pero hay que señalar que habrá que conseguirlo desde el acuerdo en el Consejo Interterritorial, porque las CCAA tienen todas las competencias en esta materia. En este caso, además, habría que alcanzar para la Atención Primaria el 25% de toda la financiación que se realice en sanidad. Es un buen inicio comenzar en el corto plazo por planificar para resolver el déficit de profesionales que tanto aqueja a la misma.

Las dudas comienzan cuando leemos que “avanzaremos en el blindaje de nuestro sistema público de salud apostando por una sanidad que se base en la gestión pública directa” y se añade que para ello “se revisará la Ley 15/1997”. Hay que recordar que ésta ley, junto a la reforma del art 135 de la CE en el año 2011 están impulsando los recortes en servicios públicos en general y en la sanidad en particular, propiciando las privatizaciones y en consecuencia originando una importante deuda ilegítima. Y no parece baladí señalar que la derogación de esa ley, y del art. 135 fué defendida por Podemos desde el principio. Por esto, si se pretende, como se especifica, “avanzar“, no basta con revisar la Ley 15/1997, aunque se añada que en esta revisión se incluirán “los mecanismos normativos que abren la puerta a privatizaciones del sistema.”, sino que hay que derogarla, pues de lo contrario muchas privatizaciones no se podrán revertir al tener contar con un anclaje jurídico.

Se puede pensar que en un acuerdo de este tipo no se suele entrar en detalles o especificaciones. Pero se puede, como se ha querido hacer al hablar de ”garantizar la efectividad del derecho a la protección a la salud a través del acceso universal al Sistema Nacional de Salud”. Y lo mismo sucede con “garantizar el acceso universal a la atención sanitaria como un derecho subjetivo de todas las personas”. De esta forma sí que se consigue eliminar la arbitrariedad en el acceso a la atención sanitaria, como viene sucediendo hasta ahora, a pesar de la mención a la “universalidad” presente en el RDL 7/2018 que aprobó el PSOE.

Algo muy necesario es lo que se recoge acerca de la “evaluación de las políticas públicas y de sus resultados” para mejorar “la eficiencia del gasto público” entre otros se señala el “gasto hospitalario del Sistema Nacional de Salud”, pero cabe la duda de si se incluirán los hospitales privatizados de la red pública, puesto que la mayoría de ellos son grandes generadores de deuda. Es el caso paradigmáico de la Fundación Jiménez Díaz, hoy en manos de la multinacional alemana Fresenius.

La mejora de las condiciones del personal sanitario no deberían limitarse al cumplimiento del II Acuerdo en materia salarial, porque se olvida que es urgente acabar con la elevada precariedad y recuperar las 35 horas semanales de jornada, lo que además debe implicar un incremento de las plantillas, sumamente recortadas en los años de crisis. Esto, evidentemente, mejoraría las cargas de trabajo y el síndrome de la y el profesional “quemado” que se da en todas las categorías sanitarias. Esperemos que esto, junto al “pacto social y político por la racionalización de los horarios”, que contiene el documento, se consiga con el citado incremento presupuestario.

Es inaplazable, para la buena marcha y legitimidad del propio Sistema Nacional de Salud (SNS), que, como se indica, el abordaje de la regulación “de manera más efectiva las condiciones de incompatibilidad del desempeño profesional de actividades privadas para los servidores públicos…” llegue a los y las profesionales sanitarias. Sin esto no puede funcionar bien la sanidad pública, por lo que hay que comenzar de inmediato aplicando las incompatibilidades en los niveles superiores, algo que siempre se ha olvidado.

En el SNS es tal la influencia que tienen las industrias farmacéutica y biotecnológica debido al gran peso de ambos sectores en la financiación sanitaria, que la regulación de sus lobbies solo puede ser beneficiosa para el propio sistema, los pacientes y la deuda sanitaria. Por ello hay que comenzar por replantear e impulsar una industria nacional farmacéutica, cuestión que de forma reiterada ha caído en el olvido.

Las privatizaciones de los Servicios de Salud de las distintas CCAA han llevado aparejadas tal cantidad de corrupción, sobrecostes, precariedad y explotación de los y las trabajadoras, que serán bienvenidas “acciones para reforzar la lucha contra los ‘cárteles’ en la contratación pública, para desincentivar los fraudes y compensar el sobrecoste, resarcir los daños provocados y aumentar la transparencia” como contiene el documento. Sin embargo, se olvida promover una auditoria ciudadana de la deuda en sanidad, y consecuentemente el no pago de su parte ilegítima, algo inaplazable para la sostenibilidad del propio SNS. Y de la misma forma, se debiera haber incluido la reversión de las privatizaciones de los centros y hospitales integrados en la red sanitaria pública.

Es preocupante que el impulso a las políticas sociales y las garantías de nuevos derechos se vayan a ceñir “a los acuerdos de responsabilidad fiscal de España con Europa”, pues cabe pensar que es la perfecta coartada para no implementar ninguna medida que suponga mayor gasto social. Sin embargo, esperemos que se puedan cumplir los necesarios incrementos del gastos social con “un mejor uso de los recursos públicos”, “una reforma fiscal justa y progresiva que nos acerque a Europa y en la que se eliminen privilegios fiscales” como se recoge en el Acuerdo.

Finalmente, y más importante, es que las medidas que suponen una mejora para la vida de la mayoría de la población se puedan llevar a cabo, y esto sólo se conseguirá con la autoorganización y movilización activa de toda la ciudadanía en defensa de estos avances. Muchos se quedan cortos, otros suscitan dudas y otros se han olvidado, pero son un comienzo y entroncan con las reivindicaciones por las que han luchado durante muchos años numerosos colectivos y las Mareas Blancas en todo el Estado. Esto es así, porque la mera acción de gobierno de coalición encontrará grandes obstáculos por parte de la derecha y de la extrema derecha que, en la práctica, podrían suponer cesiones y retrocesos. Por ello es igualmente necesario que ambas fuerzas políticas exijan y/o pongan en marcha desde los gobiernos autonómicos y locales medidas de este tipo.

 

Carmen San José Pérez.

Médica de Familia.