El viceconsejero de Sanidad de Madrid, Manuel Molina, reconoce ante el juez que exigió a Ambulancias Alerta que renunciara al concurso público que ganó.

La cúpula de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid está imputada por prevaricación administrativa: una compañía de ambulancias denunció a varios altos cargos por forzarles a renunciar a un contrato público ganado. Y estos directivos del Gobierno de Cristina Cifuentes han pasado este lunes por la Justicia madrileña. Entre ellos, el viceconsejero de Sanidad, Manuel Molina.
Tanto Molina como otros tres cargos de Sanidad han comparecido ante el juez de Instrucción número 51 de Madrid. Y un mensaje ha querido trasladar el viceconsejero: las presiones se hicieron por “el bien de los ciudadanos”. Según ha informado a Europa Press fuentes jurídicas, el dirigente de la Comunidad de Madrid ha insistido en que la oferta económica de la empresa Ambulancias no era viable.
En concreto, el viceconsejero de Sanidad ha aseverado que lo presentado a concurso por la compañía denunciante no cubriría, a su entender, los gastos del servicio de ambulancias. Algo que Molina alertó en varias ocasiones a Ambulancias Alerta, tal y como constan en las grabaciones que recogió la propia empresa y que publicó el medio El Español.
A pesar de que Ambulancias Alerta ganó la licitación pública, finalmente, el contrato recayó en manos de Ferrovial, cuando su oferta era “inferior” a la de la empresa querellante. En este sentido, según ha destacado la compañía, las presiones fueron intensas bajo la “amenaza de esto nace muerto y es entrar en una guerra”.
“Nosotros no estábamos dispuestos y entonces nos llamó la Consejería para seguir con las presiones bajo la amenaza de que si seguíamos adelante quedaríamos fuera del sector durante cinco años. Nuestra oferta era viable y no temeraria. Llevamos 35 años en el gestor haciéndonos cargos de servicios similares”, ha explicado la administradora de la empresa Ambulancias Alerta, Delfina Fernández, en declaraciones a Europa Press.
Por su parte, el director general de Coordinación de la Asistencia Sanitaria de la Consejería, César Pascual; el secretario técnico de la Mesa de Contratación del concurso, Luis Javier Fernández; el director de Gestión del SUMMA, Santiago Cortés; y el viceconsejero de Sanidad, Manuel Molina, se han negado a responder a las preguntas del abogado de la empresa denunciante.
Fuente: El Boletín