La Consejería de Educación adjudicó la limpieza de colegios e institutos a tres empresas haciendo decenas de contratos menores al mes, no sujetos a concurso, que suman casi cuatro millones y medio de euros
Ocurrió entre octubre de 2016 y mayo de 2017, después de que la justicia anulara el concurso porque el presupuesto era insuficiente para cubrir costes
Educación asegura que, pese a tramitarse como contratos sin fiscalización, hubo llamadas a seis empresas y dieron el servicio a las ofertas «más ventajosas»

El Gobierno de Cristina Cifuentes repartió entre tres empresas más de cuatro millones de euros sin concurso público para que limpiaran los colegios e institutos de la Comunidad de Madrid. El dinero se adjudicó a través de 505 pequeños contratos troceados y acumulados el primer día del mes entre octubre de 2016 y mayo de 2017. Los datos provienen de un análisis a partir de t odos los contratos menores tramitados entre 2015 y 2017 y publicados en el Portal de la Contratación de la Comunidad de Madrid.

La empresa Iss Facilities firmó 98 contratos el mismo día con la administración por un valor total de 950.000 euros. Ese mismo 1 de octubre de 2016, Garbialdi, otra compañía de limpieza, firmó 22 por 211.000 euros y Limpiezas y Servicios Salamanca, 13, que sumaban 155.000. El mismo esquema se repitió los primeros de cada mes hasta mayo de 2017. En todos los casos se fragmentaron para poder tramitarse por un procedimiento de adjudicación directa, sin concurso ni publicación en los boletines oficiales. Este proceso solo puede emplearse cuando el importe es igual o inferior a 18.000 euros.

Fuentes de la Consejería de Educación enmarcan esta adjudicación de grandes cantidades a través del troceo, un procedimiento irregular, en una situación «puntual y excepcional». Según los datos analizados por eldiario.es, se produjo en el periodo que va de octubre de 2016 a mayo de 2017, justo después de que la justicia anulara el concurso público convocado para adjudicar el servicio de limpieza de los colegios e institutos de Madrid.

El Tribunal Administrativo de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid obligó al Gobierno regional a suspender los pliegos porque el presupuesto ofrecido era «insuficiente» y no se ajustada «a los precios de mercado». Con el importe de licitación, dice el acuerdo fechado en 16 de noviembre de 2016, no era posible cubrir los costes laborales. «El desequilibrio económico puede ocasionar un grave perjuicio para el interés público ya que aumentan significativamente las posibilidades de ejecuciones inadecuadas de las prestaciones objeto del contrato», reza el documento que anula el concurso.

Fuente: El Diario