Posible inconstitucionalidad del proceso

Se ha bloqueado el acceso a los candidatos de bolsas de empleo preferente, beneficiando únicamente al personal eventual

interinossermasCuatrocientos aspirantes a plazas públicas de Auxiliar de Enfermería y Fisioterapeutas, en su gran mayoría, han denunciado irregularidades y opacidad en el proceso de selección para cubrir vacantes de interinos al haberse dejado de lado a los solicitantes que forman parte de las bolsas de empleo preferentes para escoger a personal eventual.

El inicio de la denuncia se remonta al 17 de septiembre de 2012, cuando el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicaba la resolución del 3 de septiembre de ese mismo año por la que se convocaban las pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la categoría Auxiliar de Enfermería del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid (SERMAS).

Dicha Resolución establece en su Base Décima sobre “Bolsas de Empleo Temporal Preferente y Adicional” que la Dirección General de Recursos Humanos del SERMAS se compromete a constituir una bolsa de empleo de consideración preferente de la que formarán parte aquellos aspirantes que lo hubieran manifestado expresamente y que habiendo superado la fase de oposición no obtuvieran nombramiento como personal estatutario fijo.

Un Resolución idéntica, pero para la categoría de Fisioterapeutas, se publicó un día después, el 18 de septiembre de 2012.

Sin embargo todo cambia cuando el pasado 26 de abril la Mesa Sectorial de Sanidad, formada por los sindicatos CCOO, SATSE, CSIT Unión Profesional, AMYTS y UGT decide introducir una experiencia previa de dos años en servicios de gerencia de Atención Primaria como condición para acceder al nombramiento de personal estatutario interino.

Un hecho que prácticamente imposibilita a los miembros de las bolsas de empleo preferente acceder al proceso de ‘interinización’ abierto por el Gobierno regional.

Un proceso inconstitucional

Así lo han denunciado las demandantes en el programa Ya es domingo de Radio Inter y el abogado de las mismas quien, en declaraciones a LA CUARTA COLUMNA, ha señalado que el acuerdo de la Mesa Sectorial defiende en exclusiva al personal eventual, por lo que los afectados “se han sentido estafados y abandonados por los sindicatos”.

Asimismo, asegura, el hecho de nombrar a personal eventual “no es malo per se”, aunque otra cosa es el procedimiento de ‘interinización’ que, según el representante legal de las afectadas, ha estado repleto de irregularidades y opacidad.

En este sentido, señala, “las resoluciones no se han publicado en la página web ni en el Boletín, únicamente en la intranet, por lo que si alguno de los trabajadores que optaba a una plaza interina no se encontraba en su puesto de trabajo por el motivo que fuese, no podía enterarse”.

Por otro lado destacan la posible inconstitucionalidad del proceso, puesto en marcha a partir de la Disposición final tercera de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, conocida como Ley de Acompañamiento, y que fue aprobada por el Gobierno regional a instancias de Ciudadanos.

Dicha norma deja en manos del Consejero de Sanidad las competencias para la aprobación de las modificaciones de plantilla y estructuras presupuestarias.

Sin embargo, una Comisión Bilateral de Cooperación Administrativa formada por representantes del Estado y de la Comunidad de Madrid, ha iniciado negociaciones para resolver discrepancias surgidas por la mencionada ley lo que, para el abogado de las demandantes, “se trata del paso previo a un recurso de inconstitucionalidad”.

“Ni Gobierno ni oposición nos escucha”

El caso ha sido puesto en conocimiento de la Justicia aunque, hasta el momento, sin éxito. Y es que, a través de un auto, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº15 de Madrid ordena a los demandantes agotar los cauces administrativos antes de solicitar la suspensión del procedimiento.

Tampoco el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, responsable del procedimiento, ha dado solución alguna a los afectados, a los que, a través de una carta a la que ha tenido acceso LA CUARTA COLUMNA, ha remitido a la decisión adoptada por los sindicatos en la Mesa Sectorial.

“Estamos en el peor de los mundos”, señala el abogado de las demandantes. “A la negativa judicial se suma que la Ley de acompañamiento ha sido aprobada por el Gobierno regional, empujado por Ciudadanos, por lo que ahora ninguno de los dos quiere responsabilizarse sobre las consecuencias”, asegura.

Y aunque las afectadas seguirán luchando por su derecho fundamental de acceso al cargo, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española, su representante legal asegura que muchas de ellas ya se plantean desistir y pasarse al sector privado.

Fuente: La Cuarta Columna