La Sala estima el recurso que presentaron los trabajadores del Centro de Transfusiones y ordena al TSJM que resuelva sobre el fondo del pleito llamando a Cruz Roja.
El Boletín
La guerra judicial por la donación de sangre en la Comunidad de Madrid se reabre de lleno. La Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Cuarta del Tribunal Supremo, según ha podido conocer EL BOLETÍN, ha ordenado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TJSM) que vuelva a llevar actuaciones por el convenio firmado entre Cruz Roja y la Comunidad de Madrid.
En concreto, los magistrados han estimado el recurso de casación que presentó la Asociación de Empleados del Centro de Transfusión de Madrid (Adecetma) contra la negativa de la Justicia madrileña de evaluar la legalidad del convenio. Un choque que viene de hace casi tres años cuando se rechazó la denuncia de la asociación al considerar que no tenía legitimidad para impugnar el texto.

Sorpresa por no citar a Cruz Roja en el proceso

Ahora, según el escrito, el Supremo ha decidido anular lo señalado por el TSJM y declarar la legitimación de Adecetma. Sin embargo, la Sala va más allá. Aparte de “devolver las actuaciones al tribunal de instancia”, se obliga a que se emplace a Cruz Roja como parte codemandada para que así se “resuelva sobre el fondo del pleito”, es decir, sobre el convenio.
Los reproches del Supremo por el procedimiento que abrió hace años el TSJM son contundente a lo largo de la sentencia. En este sentido, se censura, por ejemplo, que no se haya emplazado a Cruz Roja al ver que el “interés” de la entidad “en el mantenimiento del convenio es obvio al ser parte firmante del mismo”.
Asimismo, los magistrados aseguran que “sorprende” que el letrado de la Comunidad de Madrid se apoyase para tumbar la demanda de Adecetma en “la falta de ‘litisconsorcio pasivo necesario’ (sic) basado en que debió emplazarse a la Cruz Roja como codemandado”.
Según el Supremo, tal afirmación “solo cabe explicarla si media malicia procesal o desconocimiento del procedimiento” algo “injustificable cuando se trata de una Administración pública”. Esto significa que debió advertir que “era obligación procesal de la Administración demandada” emplazar a Cruz Roja.
Por su parte, la Sala recuerda que “la desatención de tal obligación procesal debió advertirla de oficio el letrado de la Administración de Justicia”. Esto ha provocado, según el Supremo, la “consiguiente dilación” como ha sucedido después de que se diese pie a un recurso de casación, tal y como realizó Adecetma.

La denuncia de Adecetma

De esta manera, como resumen en la asociación a este medio, se ha ganado un recurso aunque todo sigue pendiente de actuaciones “volviendo casi a la casilla de salida”.
Una reapertura de un caso que viene de lejos, desde que en 2013 se firmase el convenio entre la Consejería de Sanidad y Cruz Roja y que acabó en los tribunales tras el paso de los trabajadores. La asociación recurrió al apreciar, como desarrolla el Supremo, que el convenio “era fraudulento”.
Desde Adecetma se viene denunciando que la firma fue y es “un instrumento de financiación de Cruz Roja que ha decidido desinvertir y redefinir su presencia en el ámbito de la hemodonación, retirándose de tareas que implican grandes inversiones, poca flexibilidad, fuertes riesgos y abundantes reclamaciones”.
La asociación de profesionales a su vez cargó contra las razones de la Comunidad de Madrid por apostar por este tipo de convenio: “No se puede renunciar a las competencias propias, exclusivas y excluyentes del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, ni puedo hacerlo de forma retribuida, por lo que el convenio es un medio para aportar ingresos a Cruz Roja”.
Por último, es en este punto, en las retribuciones por bolsa, Adecetma lleva años alertando de que “se vulneran los principios de altruismo que rigen la hemodonación, entendida como proceso y no como simple acto personal singular”.

Los 67 euros y el “déficit económico”

En concreto, el convenio establece que el Gobierno madrileño abona 67 euros por cada bolsa de sangre extraída por Cruz Roja. Desde Cruz Roja en varias ocasiones se ha rechazado cualquier calificativo de “negocio”. De hecho, en palabras a este digital, ya afirmaron que era un trabajo que “supone un déficit económico”.
“No por tener déficit tenemos que dejar de hacer esta función. Lo que no podemos pensar es que porque la sanidad sea pública sea gratuita. ¿Por qué 67? Porque cuando se negocia el convenio se entiende que es el coste para financiar los costes […] En nuestro caso, más del 80% del coste se imputa al personal”, afirmaron desde la entidad.
Por el contrario, en Adecetma reconocen que esos costes que señalan en Cruz Roja siempre han existido pero con una ligera diferencia: “Lo que no había antes eran esos 67 euros extras, lo que incrementan las sospechas de negocio. Antes ese trabajo lo hacían los centros de transfusión y el personal cobraba un salario por extraer sangre. Por lo cual, no había ningún sobrecoste”.