El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ha admitido a trámite la impugnación de la oferta pública de empleo convocada por la Conselleria de Educación del Govern balear, que se inicia el próximo 23 de junio, lo que abre la posibilidad de que los exámenes no se realicen.
La Asociación Nacional de Interinos y Laborales (ANIL), a través del conocido abogado laboralista Manuel Martos, ha llevado a los tribunales la resolución de 28 de febrero de 2018 del Ejecutivo balear por la que se convocan las pruebas de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes de maestros, de profesores de enseñanza secundaria, de profesores de escuelas oficiales de idiomas y profesores de música y artes escénicas de las Islas Baleares, publicadas el 6 de marzo en el Boletín Oficial de las Islas Baleares. Educación ha previsto publicar 1.000 plazas.
La Associació d’Interins Docents de les Illes Balears (AID) impulsó la batalla judicial el pasado mes de marzo, adhiriéndose a ANIL para impugnar los exámenes, al igual que se ha hecho en otras regiones de España. Los docentes consideran que las oposiciones, tal y como están redactadas, suponen un «fraude de ley» y discriminan al interino, al no darle opción previamente para consolidar su plaza.
«Este recurso no se emite para impedir que se realice la preceptiva y necesaria oposición. Lo que se pretende es que se adecue a la situación actual, económica y legal garantizando que los criterios que se tomen en la misma no sean ilegales», explica el abogado de ANIL, que también va a pedir medidas cautelares.
«Lo malo de estos procedimientos es que la sentencia puede tardar uno o dos años, por eso pediremos que el concurso se paralice hasta que la Justicia se pronuncie o hasta que la Administración cambie las condiciones de acceso de los interinos en las pruebas de oposición», argumenta Martos.
Desde ANIL consideran que, tal y como se ha firmado el acuerdo, hay muchos motivos para impugnarlo. En primer lugar, «los interinos sí o sí tienen que aprobar la oposición» y, además, la fase de oposición puntúa mucho más que la fase de concurso (es decir, la antigüedad).
«La antigüedad está limitada en el tiempo: tú puedes tener 15 o 20 años de experiencia como interino pero sólo se reconoce un máximo de diez años», se queja Martos, que advierte de que esta situación es discriminatoria y que mientras esto no se solvente dentro de la convocatoria y, por lo menos, se amplíe el tramo de experiencia, es absurdo.
Martos alerta de que hay una situación anómala en toda España. Empezando por el hecho de que los opositores están «limitados y coaccionados» porque no se pueden presentar a otras oposiciones, ya que las Administraciones han acordado las mismas fechas en toda España.
«Motivos hay muchos pero sobre todo el reconocimiento de la estabilidad del personal, que ni se contempla», detalla Martos. «Ahora mismo un maestro de 30 años de ejercicio, si suspende la fase de oposición se queda en el paro porque el acuerdo está firmado en esos términos: o se aprueba o nada. Es decir, los méritos en la actualidad se cuentan de forma limitada», critica el letrado, que defiende que cualquiera se pueda presentar a la oposición pero independientemente de suspender el concurso, se le tiene que reconocer y computar los años de trabajo en la fase de concurso. Dicho en otras palabras, ANIL quiere que la fase de oposición no sea eliminatoria.
Actualmente hay más de 150 docentes interinos de Baleares asociados a ANIL pero en las últimas semanas se ha sumando personal de todas las administraciones. De los 373, hay 150 docentes. Más de la mitad de los demandantes (223) son de otras administraciones, según datos facilitados por la asociación.
La asociación detalla que los interinos han estado contratados irregularmente durante años pero ahora las Comunidades Autónomas han decidido sacar a concurso las plazas que han ocupado, sin tener en cuenta que tenían un reconocimiento de derechos que la Administración y los sindicatos les han negado.
«La ley detalla que el interino es una persona que ocupa el puesto de una persona fija de manera provisional pero durante este tiempo tiene derecho a poder fijarla, a través de oposiciones, algo que no se ha cumplido», critica la asociación, que recuerda que en Baleares no se han convocado oposiciones desde hace entre ocho y 12 años (dependiendo de la especialidad).
Martos acaba de presentar una iniciativa legislativa popular en el Congreso de los Diputados, que podría resolver todo este problema. En breve se iniciará la recogida de firmas en toda la España
Mientras tanto, la Conselleria de Educación sigue adelante con la oposición y ha convocado 1.008 plazas: 552 plazas para profesores de Secundaria, 401 para maestros de Infantil y Primaria, 45 para docentes de las Escuelas Oficiales de Idiomas y 10 para profesores de Música y Artes Escénicas. Afirma que no le ha sorprendido la impugnación, ya que se ha hecho en otras regiones de España, y hecha balones fuera al asegurar que la normativa que aplica viene marcada por el Gobierno central.