El Observatori del Deute en la Globalització (Observatorio de la Deuda en la Globalización-ODG-) publica con fecha 10 de octubre el informeLas colaboraciones público-privadas (CPPs) como herramientas de privatización”, una publicación que consta de tres partes diferenciadas y que analiza el marco legal de este tipo de contratos en nuestro país, entrando en profundidad en el caso de las infraestructuras, sanidad y educación, y explicando las causas y razones del crecimiento de las privatizaciones encubiertas de bienes y servicios públicos.

El caso de sanidad.

El proceso de privatización de los hospitales Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) se inicia en 2004 con el Plan de infraestructuras 2004-2007, desarrollado por el Gobierno del Partido Popular presidido por Esperanza Aguirre, que adjudicó la construcción y explotación durante treinta años de siete hospitales modelo PFI (del inglés private finance initiative) y uno modelo CPP. En 2007 se puso en marcha el segundo Plan de infraestructuras sanitarias 2007-2011, que preveía la construcción de cuatro nuevos hospitales con modelo CPP.

Este modelo consiste en que empresas privadas, la mayoría empresas constructoras, muchas de ellas hoy en sumarios judiciales por estar implicadas en tramas de corrupción, ejecutarían y financiarían la construcción de los hospitales según un contrato de concesión de obra pública (Ley 13/200312), a cambio de recibir un canon anual por el arrendamiento del edificio y, lo que fue novedoso, por la provisión de los servicios no sanitarios durante treinta años.

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En el caso de los hospitales modelo CPP, la diferencia respecto de los hospitales modelo PFI consiste en que la gestión de los servicios sanitarios y los mal llamados «no sanitarios»son gestionados por una empresa privada.

En ningún momento presentaron un informe que demostrase que este tipo de financiación y gestión aplicado a los hospitales fuese más económico o eficiente. De hecho, solo lo justificaron porque de esta forma la Administración pública no incurría en déficit público

El hospital General de Villalba

Ubicado en el término municipal de Collado Villalba de la Comunidad de Madrid, construido sobre un terreno de 55.688 metros cuadrados, protegido por diversas figuras o normativas y cedido por el Ayuntamiento de Collado Villalba a la Consejería de Sanidad, el Hospital General de Villalba ha estado rodeado de todo tipo de irregularidades y malas prácticas que han lastrado su imagen pública, a pesar de los esfuerzos del Partido Popular de Madrid por presentarlo como un modelo de éxito.

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El centro se terminó de construir en diciembre de 2012. La Comunidad de Madrid, presidida en ese momento por Ignacio González, decidió mantener cerrado el hospital hasta octubre de 2014 alegando políticas de recortes. Durante el tiempo en que el hospital permaneció cerrado sin dar ningún tipo de prestación sanitaria a la ciudadanía, la Consejería de Sanidad pagó a IDC Salud (antes Capio) el importe de 938.465 euros al mes durante 22 meses.

Eso significa que se produjo un gasto de cerca de 21 millones de euros que, desde la perspectiva de la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad21, se puede considerar como deuda ilegítima, en la medida que ha beneficiado exclusivamente a las élites económicas, en este caso, a IDC Salud y no a la ciudadanía, que no recibió ningún tipo de prestación durante el tiempo que permaneció cerrado.

Por otro lado, entre las obligaciones de la sociedad concesionaria, Capio Villalba S.A., estaba la de asumir los costes y la ejecución del acceso al hospital. Pese a que el contrato recogía esa obligación en el pliego de cláusulas administrativas particulares, las obras de accesos peatonales se han financiado con presupuesto municipal. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Collado Villalba acordó, en 2017,  adjudicar la ejecución de las obras de los accesos peatonales a otra empresa, Urvios, Construcción y Servicios, S.L., por un importe de 212.718 euros.
Desde la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad se entiende que el importe de los 212.718 euros es una clara deuda ilegítima, puesto que, de acuerdo con el apartado 9 del pliego de cláusulas administrativas, deberían haber sido asumidas por Capio Villalba S.A. en vez del Ayuntamiento de Collado Villalba, que podría haber empleado esta cantidad en mejorar los servicios básicos de los habitantes del municipio de Collado Villalba.

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La construcción de este hospital con el modelo CPP no fue justificada con ningún informe acerca de la idoneidad de este modelo, o de la necesidad de contar con nuevas camas. En la zona había hospitales de segundo nivel como el Hospital de El Escorial, de media estancia como el Hospital de Guadarrama y de tercer nivel como el Hospital de Puerta de Hierro. Por lo que la construcción del Hospital de Villalba como modelo CPP supuso y supone una transferencia neta de fondos públicos a Fresenius, y la subsiguiente descapitalización de los hospitales públicos de la zona.

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Finalmente, en todo el proceso de implantación del modelo de hospitales CPP en la Comunidad de Madrid se ha producido una falta de transparencia y de democracia debido a una:

  • Falta de consulta previa a la población y profesionales sociosanitarios.
  • No incorporación de la población, en tanto que usuaria, a la gestión estratégica de la sanidad pública.
  • Falta de planificación y un diseño de acuerdo con las necesidades de la población,
  • Informes de justificación y estudio de los impactos posibles.
  • Proliferación de casos de conflictos de interés que cuentan con la cobertura de algunos funcionarios públicos.
  • Falta de transparencia de todo el proceso, seguimiento y evaluación.

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Resumiendo, la experiencia de las CPPs en la sanidad pública ha tenido como resultado un proceso de infrafinanciación del sistema sanitario público, que ha estado siendo infrautilizado, se ha promovido con ventajismo la iniciativa privada sin la suficiente supervisión. Los lobbies sanitarios (Foro CPP, desde 2017 Foro Infraestructuras, Fundación IDIS, Empresas constructoras y la Banca Privada) han conseguido un ascendiente desmedido e inoportuno sobre las decisiones, las estrategias y el patrimonio sanitario público.

En el proceso de la privatización de la sanidad se ha propiciado la corrupción, los pagos aplazados como puertas giratorias a políticos que han favorecido los intereses privados y han actuado con conflicto de interés oculto. Mientras cargos públicos y grupos empresariales se han enriquecido ilícitamente, la sanidad pública ha funcionado con notables sobrecostes, endeudamiento y el empobrecimiento en la calidad de la atención para muchos usuarios.

Recomendaciones propuestas por el ODG (resumidas):

– Cuestionar las políticas neoliberales y las medidas de austeridad

– Garantizar por los poderes públicos el derecho a la salud y la asistencia sanitaria como un servicio y bien común para toda la población que habita en un territorio y prohibir el modelo CPP en sectores clave.

– Estricta regulación, supervisión, control democrático y transparencia mientras se transita hacia un modelo público.

– No ocultar los costes reales de las CPPs.

– Auditoría oficial y ciudadana de las CPPs

– Promover formas de financiación y gestión de lo bienes y servicios públicos justos, social y ambientalmente sostenibles.

– Proponer concepciones y protocolos para la gestión y dirección de hospitales y de la sanidad pública que sean avanzados y capaces de retar a las escuelas de gestión de tipo capitalista.

 

Estudio realizado por Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad) y Nicola Scherer (ODG)

 

Para información más ampliada, descarga el PDF del estudio aquí:

Las CPPS como herramientas de privatización: El caso de sanidad.

 

Para más estudios interesantes sobre infraestructuras y educación, visita la página del ODG.