YOLANDA GONZÁLEZEn el último año, la presentación del texto ha sido retrasada en varias ocasiones

  • Una de las principales resistencias a los cambios en esta ley ha estado en el propio Gobierno, concretamente en el equipo de Soraya Sáenz de Santamaría
  • El ministro de Justicia se ampara en el cumplimiento del programa electoral
Actualizada 21/12/2013

Recién pasado el ecuador de la legislatura, el presidente del Gobierno considera que ya se han sentado las bases para la recuperación, que los recortes –él prefiere llamarlos “ajustes”– han llegado a su “fin” y que es hora de empezar a aplicar ese programa electoral al que hasta la fecha ha ignorado.
Hay quien cree en el PP que es mera coincidencia; otros consideran que se debe a una estrategia perfectamente calculada pero el Ejecutivo del Partido Popular inaugura este viernes su etapa de cumplimiento del programa electoral con la reforma de la ley del aborto. Y lo hace en un momento en el que, desde determinados sectores de la formación, el denominado sector duro, se está alertando de la fragmentación del electorado del partido a cuenta de cuestiones como la reacción a la sentencia que tumbó la doctrina Parot o al desafío soberanista de Artur Mas. Es en este contexto en el que se interpreta que haya sido el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el que este jueves avanzase que la reforma de la ley del aborto se aprobaba esta semana. Ya el pasado mayo, el PP tenía claro que no iba a esperar a la respuesta del Tribunal Constitucional (TC) al recurso que plantearon al texto vigente, aprobado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010.
Miembro del Opus Dei, el responsable de Interior es uno de los exponentes de ese ala dura del PP que lleva meses presionando a Rajoy para que consume ese viaje al pasado de cerca de 30 años. De una ley de hace tres años, a una ley de hace casi 30 en la que para abortar la mujer sólo puede hacerlo en base a tres supuestos: violación, peligro físico o psicológico para la gestante o malformación del feto. Queda por ver todavía con qué denominaciones concretas quedan ahora estos supuestos tras las correspondientes fases de informes y el paso de la ley por el Congreso y el Senado.
Con su entrada en escena, Fernández Díaz arrebataba el anuncio de la fecha exacta en la que iba a aprobarse la ley al ministro al que Mariano Rajoy hizo este encargo: Alberto Ruiz-Gallardón. Un día antes de que el Consejo de Ministros diese luz verde a los primeros textos de esta futura ley, en Justicia no ocultaban su perplejidad por el hecho de que hubiese sido el ministro del Interior el que concretase que iba a ser esta viernes 20 la fecha escogida para lo que la oposición ha bautizado ya como la “contrarreforma del aborto”. Pero había también en el Gobierno quien sugería que la “jugada” de Fernández Díaz le venía muy bien al exalcalde de Madrid.
Una ley para el “verso libre” del Gobierno
Mariano Rajoy escogió para llevar adelante este proyecto a un ministro que en sus etapas de gobierno en la Comunidad de Madrid se autodefinió como “verso libre”. Su relación con el mundo de la cultura y los intelectuales de todo tipo de orientación política, sobre todo durante sus años al frente del Ayuntamiento de Madrid, le ayudaron a labrarse un perfil moderado, una especie de progresista dentro del PP. No obstante, sus compañeros de partido, sobre todo sus rivales internos en laComunidad de Madrid comandados por Esperanza Aguirre, siempre han criticado que el ahora ministro se crease un personaje a medida que no se corresponde con lo que realmente es. Para justificar la crítica, siempre recuerdan que sus orígenes políticos están en la Alianza Popular (AP) de Manuel Fraga, su mentor político. Es, lo que en el partido llaman un “pata negra”, calificativo acuñado para referirse a los miembros del PP provenientes de la antigua AP. Un título del que, por cierto, el exalcalde presume.
De hecho, hay quien cree en el PP que tras el encargo a Ruiz-Gallardón está una “maniobra maestra” de Mariano Rajoy para desgastar a este ministro que siempre ha sonado como candidato a ocupar su puesto.
Desde que se le encomendó esta reforma, el exalcade de Madrid siempre ha recalcado que lo hace por mandato de Mariano Rajoy y en estricto cumplimiento del programa electoral con el que concurrieron a las elecciones generales de 2011. Desde hace casi un año, el Gobierno ha venido aplazando la entrada del anteproyecto en el Consejo de Ministros. Al respecto, en Justicia siempre han sostenido que ellos han cumplido los plazos que les dio el presidente, que la ley lleva lista desde antes del mes de octubre y que los retrasos se deben a cuestiones del Ejecutivo.

Rajoy sabe que tiene un asunto caliente entre manos. Y no es cosa de hoy. Ya en 2011, en la fase de elaboración del programa electoral, la forma en la que se plasmaba la reforma del aborto en el programa electoral le generó más de un quebradero de cabeza. Había dirigentes del PP que querían ir muy lejos poniendo serias trabas a la interrupción voluntaria del embarazo. Otros, consideraban que bastaba con hacer algunos ajustes al texto de los socialistas, sobre todo en lo relacionado con las menores, así como una adaptación a las sentencias internacionales en lo concerniente a la discapacidad.
Estas disputas han seguido hasta el día de hoy. Entre los pesos pesados del Gobierno que menos identificados se sienten con esta reforma, las fuentes consultadas citan a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. También hay un núcleo importante de malestar en el Grupo Parlamentario Popular y en la propia dirección nacional del partido. Hasta el día de hoy, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, siempre se ha mostrado reacia a posicionarse sobre la cuestión.
De hecho, este lunes fue preguntada por la inminente aprobación de la reforma. Su respuesta fue echar balones fuera argumentando que el partido desconoce el texto.
¿Qué pasa con el recurso al Tribunal Constitucional?
En julio de 2010 el PP presentón un recurso ante el TC contra la ley del aborto de Zapatero. Lideró la estrategia Federico Trillo, miembro del Opus Dei y por entonces portavoz de Justicia y responsable de Libertades Públicas del PP. Entre otros diputados, el recurso llevaba la firma de la ahora vicepresidenta del Gobierno.
En mayo de este año el Congreso, gracias a la mayoría absoluta del PP, rechazó esperar a la respuesta del TC antes de cambiar la ley. Era una iniciativa de los socialistas. Fuentes jurídicas consultadas sostienen que, una vez aprobada la ley, el tribunal puede entender que recurso ha perdido el objeto. Otra opción sería que los firmantes del recurso solicitaran su retirada, algo que no parece ser un escenario muy factible
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