El presidente madrileño cumple una orden del Ministerio de Sanidad, que dice que los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la norma que no se integren en el régimen de personal estatutario pasarán a desempeñar labores administrativas.

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La condición de funcionarios de casi 500 sanitarios madrileños, así como los derechos que de ella se derivan, está en peligro. Ignacio González prevé integrar al régimen de personal estatutario a casi medio millar de médicos, enfermeras y trabajadores de otras categorías profesionales antes de que acabe el año para cumplir con una norma impuesta por el Ministerio de Sanidad. El departamento de Ana Mato dicta además que los funcionaros incluidos en el ámbito de aplicación de la norma que no se acojan a esta medida dejarán el trabajo asistencial y pasarán a desempeñar labores administrativas.
La decisión del Gobierno madrileño aparece recogida en el apartado número 13 del Plan de Reordenación de Recursos Humanos impulsado por la Consejería de Sanidad el pasado mes de marzo, en el que se habla de la ‘Integración del Personal Funcionario Sanitario de Carrera al servicio de las IISS del Servicio Madrileño de Salud’.
Según indica este documento, el personal sanitario afectado por esta integración se divide de la siguiente forma: de los centros hospitalarios deberán pasar a la condición de estatutarios un total de 296 profesionales (134 facultativos y 162 sanitarios), mientras que de Atención Primaria serán un total de 100 (50 de cada). Por último, del Summa 112 serán 68 trabajadores los afectados (30 facultativos y 38 sanitarios). Todo ello hace un total de 464 sanitarios que dejarán de ser funcionarios de la Comunidad de Madrid.
Esta decisión se ha adoptado, tal y como indica el departamento que dirige Javier Fernández-Lasquetty en su Plan de RRHH, para cumplir con el Real Decreto Ley 16/2012 de 24 de abril de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, impulsado por Ana Mato.
Dicha norma establece que “los médicos, practicantes y matronas titulares de los servicios sanitarios locales que presten sus servicios como médicos generales, practicantes y matronas de los servicios de salud, y el resto del personal funcionario sanitario que preste sus servicios en instituciones sanitarias públicas, dispondrán hasta el 31 de diciembre de 2013 para integrarse en los servicios de salud como personal estatutario fijo sin perjuicio de los derechos consolidados. A tal fin, las comunidades autónomas establecerán los procedimientos oportunos”.
Precisamente por ello, la Comunidad de Madrid ha decidido hacer uso de un Decreto impulsado en febrero de 2007 por el Consejo de Gobierno, que no se llegó a aplicar, en el que se regulaba el proceso voluntario de integración en el régimen estatutario de personal laboral y funcionario. No obstante, del ámbito de aplicación “queda excluido el personal funcionario de otras administraciones públicas que se encuentre desempeñando puestos directivos o en comisión de servicios en Instituciones Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud”.
Aunque el Plan de RRHH madrileño discrepa respecto al Real Decreto estatal. En la orden de la Consejería de Sanidad se especifica que “la adquisición de la condición de personal estatutario fijo” supondrá la aceptación de “todos los derechos y obligaciones inherentes a la categoría que le corresponda y demás normas de aplicación al personal estatutario”, por lo que no se cumple lo que decía el Ministerio de que no habrá “perjuicio de los derechos consolidados”.
Al cambiar de categoría se pierden los derechos correspondientes a los funcionarios, algo que los sindicatos sanitarios han criticado con dureza, aunque también el hecho de que el Real Decreto de Mato dicte que en caso de que el personal incluido en el ámbito de aplicación que “opte por permanecer en activo en su actual situación, en los cuerpos y escalas en los que ostenten la condición de personal funcionario sanitario, las comunidades autónomas adscribirán a este personal a órganos administrativos que no pertenezcan a las instituciones sanitarias públicas.”
Fuentes de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores (Amyts) han indicado a EL BOLETÍN que lucharán para que “se respeten los derechos de quienes no quieren cambiarse”, y sobre todo para que de hacerse se lleve a cabo de forma voluntaria, sin “engaños ni presiones”.
Por su parte, Rosa Cuadrado, secretaria general de la Federación de Sanidad de CCOO Madrid, ha señalado que “el decreto de estatutarización de la Comunidad de Madrid era voluntario”, y aunque el Plan de RRHH lo toma como referencia, “no es igual”. “Este no es voluntario, porque van a obligar a un determinado número de funcionarios a abandonar esa condición”, y si no lo hacen “no podrán desempeñar la misma función, sino que les derivarán a una plaza administrativa”. Lo que antes se basa en la “buena voluntad ahora es obligatorio”, ha sentenciado.
Una vez finalizada la integración de este personal, la Consejería de Sanidad madrileña efectuará las modificaciones de plantilla oportunas en cada uno de los centros para incluir esta integración, en los términos previstos en la Instrucción de la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos.
El Boletín        (Imagen MATS)