Boletín 7

Con la declaración del estado de alarma, el gobierno central anunciaba que los recursos de la sanidad privada quedaban a disposición de los Consejeros de Sanidad de cada comunidad autónoma. En Madrid empiezan a producirse las primeras derivaciones de pacientes, a un ritmo excesivamente cómodo para la sanidad privada, dada la situación desesperada en los hospitales públicos. Es fundamental establecer unas condiciones socialmente justas para el uso de los recursos privados en unos momentos en los que se toman tantas decisiones de enorme importancia en espacios cortos de tiempo.

Teniendo en cuenta que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha nombrado como asesor para esta crisis a Antonio Burgueño, un ideólogo de la privatización, nos tememos que la implicación de la privada se lleve a cabo en las peores condiciones posibles, generando beneficios para las empresas de la sanidad privada y asumiendo las tareas, las cargas de trabajo y los tipos de pacientes que les convengan.

Por tanto, exigimos que la puesta a disposición de los recursos de la sanidad privada se lleve a cabo en las siguientes condiciones:

  • Empleo de toda la capacidad de los centros sanitarios privados. Cancelación inmediata de citas, pruebas y cirugías que no sean urgentes, al igual que se ha hecho en la sanidad pública, liberando así camas de hospitalización y de intensivos, equipos y profesionales sanitarios para dedicarlos a atender pacientes infectados por el coronavirus.
  • Reparto de las cargas: no puede haber pacientes en gimnasios, pasillos, sótanos y bibliotecas de ningún hospital, ni hoteles y pabellones atendiendo pacientes, mientras estén disponibles espacios más adecuados en la sanidad privada.
  • Intervención de los recursos sanitarios privados de todo tipo. Las ambulancias, así como los laboratorios de análisis clínicos de gestión privada, deben integrarse en el reparto de cargas de trabajo. Muchos profesionales sanitarios se encuentran en cuarentena en sus domicilios a la espera de realizarse la prueba del coronavirus, que acumula retrasos. En el caso de la población general, a la que se realizan las pruebas con menor prioridad, el retraso llega a ser de varios días. Mientras tanto, laboratorios privados realizan estas pruebas a quien esté dispuesto a pagar entre 165 y 400 euros, las necesiten o no.
  • Suministro de Equipos de Protección Individual a las trabajadoras de la sanidad privada. Estas profesionales se enfrentan a los mismos riesgos y por las mismas causas: el reparto de cargas implica también las mismas necesidades de protección. Para lograrlo, y dada la escasez generalizada de estos equipos, se deben tomar todas las medidas que el estado de alarma permite para asegurar la producción y suministro, incluyendo la puesta en marcha de fábricas destinadas a este fin.
  • Coste cero. Las empresas de la sanidad privada deben asumir su parte del coste económico de esta crisis, se encuentran en perfecto estado de salud con grandes beneficios en sus cuentas de resultados: QuirónSalud, 413 millones de euros; Sanitas, 200,1 millones ; HM Hospitales, 61 millones; ASISA, 42 millones; Ribera Salud, 31,1 millones. Millones de trabajadores por cuenta ajena se enfrentan a la pérdida de salarios, ERES y ERTEs. Muchos autónomos permanecen en sus casas, privados de su fuente de ingresos. Negocios familiares y pequeñas empresas han echado el cierre. No permitiremos que, aprovechando la confusión y sus conexionxes políticas, estas empresas ganen dinero en una situación de emergencia en la que el resto de la sociedad asume enormes pérdidas.