La Marea Blanca critica esta decisión y reta a la Consejería de Sanidad a instalar “sistemas de escucha” en todas las consultas de los ambulatorios si quiere controlar a los profesionales.
Javier Rodríguez, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid
E.B. / 07-04-2014 • 12:44

La Consejería de Sanidad parece no estar contenta con los últimos datos que se han dado a conocer sobre el número de pacientes que elige ser operado en la pública a pesar de las largas listas de espera. Al menos así lo aseguran distintos colectivos de la Marea Blanca, que acusan a Javier Rodríguez de haber amenazado a los sanitarios madrileños con abrirles un expediente disciplinario si informan de la campaña ‘Yo Elijo 100×100 Pública’, puesta en marcha recientemente para acabar con las derivaciones a la privada.
Tal y como afirma la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública (MEDSAP), la acción del pasado viernes en diferentes barrios y municipios de Madrid contra esta práctica tan extendida, que sanitarios y pacientes definen como una privatización encubierta de la Sanidad, “ha puesto nerviosos a los responsables de la Consejería de Sanidad”, que se ha planteado “tomar medidas disciplinarias por informar de la campaña en horario laboral”.
Según este colectivo, los profesionales sanitarios, la ciudadanía y diferentes organizaciones y movimientos sociales han venido informando, a lo largo de las últimas semanas, a los pacientes para que denuncien y se opongan las derivaciones a la sanidad privada, exigiendo a la Comunidad de Madrid que se utilicen “los recursos y centros asistenciales y de diagnóstico públicos que están siendo infrautilizados”, la “apertura de las camas cerradas en los hospitales públicos” y la “utilización, durante las 24 horas del día, de las unidades de radiodiagnóstico públicas”.
Algo que según la Marea Blanca no ha gustado a Javier Rodríguez, que ha planteado una sanción a los profesionales que participen en esta campaña contra las derivaciones. Así lo muestra un escrito recogido por la MEDSAP y también por la Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad (CAS-Madrid), que ha sido difundido en un Centro de Atención Primaria de Vallecas.
En este escrito fechado el pasado 1 de abril el director del centro dice que la Dirección Asistencial le ha informado de un alto número de reclamaciones de pacientes “en relación a la derivación a especializada de privada en Madrid”, de las que más de la mitad son de ese centro.
Por ello, y tras haberse enterado de que los profesionales informan a los pacientes contra las derivaciones, dice que “si se está informando dentro del horario laboral de las consultas de los profesionales del centro”, esta acción “será un hecho susceptible de tramitación de expediente disciplinario, en relación a los riesgos para los pacientes por demoras injustificadas en la gestión con sus interconsultas o pruebas complementarias”.
Para CAS-Madrid este tipo de acciones informativas contra las derivaciones “son las que han permitido que se haya incrementado sustancialmente el número de madrileños que rechaza ser atendido en centros privados, con el consiguiente nerviosismo de los directivos de la Consejería de Sanidad y de sus capataces en los centros de salud”.
Es por ello que el colectivo se pregunta si “¿no quedábamos en que los pacientes tienen libertad de elección en esta comunidad o era simplemente una promesa electoral?”, e insta a la Consejería de Sanidad a que “instale sistemas de escucha en todas las consultas, mesas de citaciones, salas de curas, etc. de los centros de atención primaria, para vigilar lo que los trabajadores hablan con los pacientes, con la finalidad de garantizar las plusvalías de los centros privados que están parasitando nuestro sistema público”.
La Consejería de Sanidad, ante la llamada de este diario, todavía no se ha pronunciado al respecto, aunque sí lo ha hecho la Asociación Para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSP), que ha criticado estas amenazas por “informar a los usuarios sobre su capacidad para negarse a las derivaciones a los centros privados.
Este colectivo recuerda que “es un derecho y además una obligación de los trabajadores sanitarios de los centros públicos el dar una información completa a los usuarios sobre todos los procesos relacionados con la atención a su salud”. Por tanto, dice, “quienes informan a estos de los inconvenientes de ser derivados a centros privados y de la capacidad que tienen de negarse a estas derivaciones están simplemente cumpliendo con sus obligaciones deontológicas”.
Asimismo, señala que es “sorprendente” que el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) “intente amenazar a estos trabajadores, recordando viejos tiempos de represión”, y que “el asunto es aún mas llamativo si se tiene en cuenta que el consejero de Sanidad ha asegurado que el prefiere que no se haga ninguna derivación a los centros privados”.
La ADSP finaliza resaltando la “necesidad de potenciar los centros públicos, porque todas las pruebas demuestran que mientras se recortan los presupuestos públicos, sí que hay dinero para derivaciones a los centros privados, fondos que se detraen de la Sanidad Pública”.
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