A pesar de que el TSJV anuló la decisión de la Consejería de Sanidad de Valencia de jubilar de manera forzosa a los sanitarios mayores de 65 años, el gobierno regional lo hará por decreto, utilizando las mayorías democráticas como rodillo…

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El departamento convoca a los sindicatos para informar de que la decisión seguirá adelante

El consejero de Sanidad, Manuel Llombart, en 2013. / MÓNICA TORRES

El pasado 21 de junio, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) echó atrás la decisión de la Consejería de Sanidad de jubilar forzosamente a todos los profesionales del sector mayores de 65 años. En el fallo, los jueces tildaban el procedimiento de «hecho con premura y celeridad», algo que explicaba una de las motivaciones de los magistrados para tumbar los ceses: para contradecir el estatuto del sector sanitario —que permite a sus profesionales trabajar hasta los 70 años— hacía falta una norma de rango mayor a la elegida. Dicho y hecho: la Consejería ha reunido este miércoles a los sindicatos en la mesa sectorial —la falta de negociación fue otra de las razones esgrimidas en el fallo judicial— para informar de que, si una orden no fue suficiente, un decreto debe valer. Así las cosas, las jubilaciones serán, pero por decreto.

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En un comunicado, el departamento ha insistido en que el TSJCV «no ha cuestionado» el contenido del Plan de Ordenación de Recursos Humanos (el que abordaba el cese de los mayores de 65). Así, la Generalitat va a «cumplir con lo requerido en la sentencia, en la que señalaba la existencia de determinados defectos formales, que quedarán subsanados».
El sindicato CSI-F, artífice del recurso contra la orden de las jubilaciones, ha propuesto en la mesa sectorial que la Consejería readmita y mantenga en su prórroga hasta los 70 años al personal jubilado forzosamente, y que todos los prorrogados antes de la citada orden conserven la prórroga hasta esa edad. Además, afirman en un comunicado, «teniendo en cuenta que afecta a intereses individuales de funcionarios públicos, el rango normativo adecuado para el desarrollo de la jubilación forzosa debería ser el de ley».
Por su parte, desde el sindicato Comisiones Obreras (CC OO) indican que, aunque entienden que un plan de recursos humanos en que se conjuguen la plantilla, los recursos sanitarios disponibles y las necesidades del sistema, les parece que la forma es «un atropello». «Nosotros creemos que hay profesionales que deben poder quedarse pasados los 65 años, aunque entendemos que hay que objetivar los criterios y tener unos filtros claros», ha comentado un representante de la organización a este medio.
Los otros representantes que han acudido a la reunión de la mesa sectorial han sido UGTCemsatse y Simap-Intersindical Salut.
Una vez reunidos el resto de actores del mundo de la sanidad valenciana y subsanado el «error de forma» del rango de la norma, a la Consejería de Sanidad solo le faltaría, para acatar lo dictado por el TSJCV, la presentación de un informe preceptivo del Consell Jurídic Consultiu, como había reclamado en su momento la Abogacía Generalde la Generalitat valenciana.
El País