La polémica desatada por la donación de 320 millones de euros por parte de Amancio Ortega a varias Comunidades Autónomas para la adquisición de aparatos de diagnóstico y tratamiento de alta resolución, continúa generando opiniones de todo tipo.

En efecto. Hay quienes opinan que “qué más da de donde venga el dinero, que lo importante es el beneficio que se deriva de la donación. Que toda ayuda es poca tal y como está la situación económica…” La discusión podría acabar ahí, en unos términos cercanos al escepticismo o a los lógicos sentimientos de la necesidad de recuperar la salud.


Pero existen más aristas, sin dudas. Éstas han resurgido con las declaraciones que ponen en entredicho, e incluso se oponen, a este tipo de prácticas en la Sanidad Pública.
No hay duda que la Sanidad Pública continúa atacada y menospreciada por recortes y políticas que favorecen a otro tipo de Sanidad. Pero esta política no sólo impide la adquisición de equipos suficientes para el diagnóstico y tratamiento del cáncer (único objetivo de esta donación), sino que provoca una precariedad laboral en el sector sanitario que hace tambalear una mínima e imprescindible calidad asistencial. Esta donación, ¿contempla la posiblemente necesaria contratación de personal sanitario y no sanitario para la puesta en marcha de esos equipos y para su posterior mantenimiento? ¿O estos gastos los deja a cargo y criterio de la correspondiente Consejería de Sanidad?
Por otra parte, ¿dónde es necesario tener, por ejemplo, un acelerador lineal?. ¿Quién conoce mejor que nadie las necesidades de un centro asistencial?. La respuesta no hay que buscarla en la cabeza de quien preside las comunidades autónomas beneficiadas, ni en la de quien es responsable de la consejería de sanidad, ni siquiera de los equipos directivos de los centros asistenciales. Son los y las profesionales de los hospitales quienes saben lo que en su lugar de trabajo se necesita, y cómo en todo caso se puede coordinar la asistencia con otros centros de su entorno. Pero se les ignora a la hora de tomar este tipo de decisiones. Incluso las personas que necesitan curarse (grupos organizados de enfermos, asociaciones vecinales) deberían conocer los pormenores de la donación, y ofrecer su opinión y alternativas. Ni a profesionales ni a la ciudadanía se les pregunta si este u otro equipo es necesario.
En este capítulo de necesidades, hay que destacar la falta de entendimiento entre la administración municipal y la autonómica a la hora de dar utilidad a los recursos municipales con equipamiento incluído que permanece sin citaciones.
Nadie, por más escéptico que se sea, o por más sensibilidad que exista para algunas enfermedades, nadie puede creerse que no haya más razones que la supuestamente altruista para esta donación. ¿Qué consigue el señor Ortega con esta donación?
– Es obvio que en primer lugar logra una gran propaganda para sus empresas.  Seguro que en fechas próximas conoceremos los progresos en término de beneficios.
– Son también conocidos y, sin duda legales, los beneficios fiscales que este tipo de donaciones tienen. El señor Ortega es un ejemplo de que quien más dinero atesora suele ser quien tiene más capacidad de desgravar con argucias a la hora de pagar los impuestos como todo contribuyente.
– Este regalo del señor Ortega supone dar aire a las corrientes de opinión que defienden la colaboración público-privada en el ámbito sanitario. Esa colaboración que ha ocasionado tanta destrucción y desmantelamiento de la Sanidad Pública. La Sra. Cifuentes en Madrid, muestra inequívoca de esta destrucción, ha puesto de inmediato el cazo para recoger esta injerencia de lo privado en lo público (por cierto, aún no se sabe en qué hospitales y con qué criterios recaerá el gordo que corresponde a Madrid: 46 millones de euros). De paso se ahorra el dinero que supondría apostar decididamente por lo público. Lo que necesita un hospital público lo debe de adquirir quien está al frente de las instituciones públicas con dinero público. Es su responsabilidad.
– Y, por fin, el Sr. Ortega da apoyo a la forma en que mejor se desenvuelve la gestión económica sanitaria: la opacidad, la falta de transparencia.
Parece obvio que nada ni nadie puede evitar que una persona rica se le ocurra dar dinero a quien le parezca oportuno. Pero parece también conveniente que este tipo de donaciones privadas a la Sanidad Pública se regulen mediante leyes que exijan que los profesionales den el visto bueno a las mismas, y que el proceso se ejecute con la máxima transparencia.
La Sanidad Pública no debe depender de dádivas de este tipo para invertir lo que sea necesario para ofrecer la mejor calidad asistencial a la ciudadanía.
Movimiento Asambleario de Trabajadores-as de Sanidad