La distinción en el sistema sanitario público entre personal sanitario y no sanitario entre servicios sanitarios y no sanitarios es falsa e interesada. No tiene en cuenta la realidad de los centros sanitarios, ni busca la mejora de la calidad asistencial; los objetivos de tal separación no son otros que debilitar la fuerza laboral y facilitar la privatización.
Una de las herencias que nos dejó Esperanza Aguirre poco antes de dimitir fue legislar sobre la privatización de los llamados “servicios no sanitarios” del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) y sobre la extinción de “26 categorías de gestión y servicios” (artículo 13-Dos de la ley 4/2012 de la Comunidad de Madrid). Mientras se denominan una por una las 26 categorías no existe en la ley ningún ejemplo de “servicio no sanitario”; lo que seguramente no se debe tanto a una ligereza del legislador, como al deseo de facilitar las cosas al privatizador.
La diferenciación entre personal sanitario y no sanitario aparece en los estatutos aprobados durante el régimen franquista; para ser precisos, a través de dichos estatutos se dividió el personal en tres estamentos: Estatuto del Personal Médico de la Seguridad Social (23 de diciembre de 1966);  Estatuto de Personal Sanitario No Facultativo de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social (26 de abril de 1973) y el “Estatuto del Personal No Sanitario al servicio de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social” (5 de julio de 1971).
La siguiente legislación sobre el asunto se encuentra en ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las profesiones sanitarias, donde no aparecen algunas de las actividades que se ejercen en los centros sanitarios, dando por hecho su carácter “no sanitario”. Poco después en Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, se divide al personal entre “personal estatutario sanitario” y “personal estatutario de gestión y servicios”. Y por añadidura en fijos, interinos y eventuales.
Tales clasificaciones legales son tan científicas que, por ejemplo, una persona que realiza un mismo trabajo en un servicio de historias clínicas será clasificada como personal no sanitario si no posee el título de “técnico superior en documentación sanitaria”, y como personal sanitario si lo posee. Es difícil concebir como se puede tratar de “no sanitario” a alguien como las trabajadoras de la limpieza, cuya labor está relacionada con las infecciones nosocomiales en un centro sanitario. Y como sanitario al Director Médico o la Directora de Enfermería que puede pasar años sin tener el más mínimo contacto con enfermos.
Más difícil resulta aún trasladar la división sanitario/no sanitario de los trabajadores a los servicios. La mezcla de funciones se hace imprescindible en cualquier servicio y son de sobra conocidos los inconvenientes que está suponiendo la práctica cada vez más extendida de mover permanentemente a los trabajadores, sean de la categoría que sean, de unos servicios a otros.
DIVISIONES INTERESADAS
En el mundo del trabajo es una realidad innegable la existencia de diferentes capacidades, cualificaciones, funciones y rendimientos entre trabajadores. Lograr la mayor y mejor producción conlleva como requisito imprescindible la búsqueda del buen ambiente, la armonía y la colaboración, desde el reconocimiento a la remuneración de dichas diferencias. Sin embargo el disciplinamiento de la fuerza laboral es el objetivo que se termina imponiendo en empresas y administraciones hasta el punto de exacerbar todo lo posible tales diferencias y provocar los enfrentamientos (por ejemplo inventando conceptos salariales como la productividad variable).
En todo caso lo que parece de interés es resaltar como la propia división sanitario/no sanitario resulta útil a propósitos distintos según el momento. En un mundo tan jerarquizado y parcelado como era la Sanidad en la época franquista no podía dejar de subrayarse la distancia existente entre un jefe de servicio y una limpiadora. La búsqueda del negocio en todos los aspectos de la vida social y personal que se aceleró con el ascenso del “neoliberalismo” como doctrina económica, política, filosófica y moral, también encontró muy útil la fragmentación de todo proceso productivo y de prestación de servicios.
En el caso de la Sanidad interesó reforzar la separación entre financiación, gestión y provisión de servicios. En todos o algunos de estos segmentos se podía introducir “la iniciativa privada” (el negocio) en función de las circunstancias de cada sitio. La división sanitario/no sanitario facilitaba este nuevo objetivo, pues se encontró menor resistencia social al privatizar las actividades “no sanitarias”. La división en fijos, interinos y temporales, por su parte, reducía las posibilidades de resistencia laboral.
La introducción de empresas privadas en la sanidad pública ha traído malas consecuencias. Un hospital tiene como misión curar, y una empresa privada ganar dinero, poner a trabajar dos entes con objetivos e intereses diferentes genera tensiones, competencias por los recursos y condiciones para que aparezca la corrupción.
La base del trabajo en un centro sanitario ha de ser la colaboración de todos los trabajadores y trabajadoras. Toda la plantilla, desde sus diferentes conocimientos, funciones y categorías ha de estar perfectamente integrada, trabajando al servicio de un mismo fin, la mejor atención para el paciente, y el trabajo en equipo es el mejor método para ello.
La limpieza de los hospitales madrileños en manos de grandes grupos empresariales (Ferrosel- Ferrovial y ACS-Clece) nunca ha funcionado peor. La escasez, suciedad y falta de garantías en el transporte de la ropa hospitalaria se ha convertido en un problema de salud pública. Son sólo dos ejemplos de las consecuencias sanitarias de la privatización de dos “servicios no sanitarios”.
La presidenta Cristiana Cifuentes puede hacer muchas declaraciones, pero mientras mantenga y consolide las privatizaciones de Esperanza Aguirre e Ignacio González y la legislación que las permite será corresponsable del deterioro de la Sanidad Pública madrileña y de su privatización.
 
Javier Cordón, miembro del Mats