Nada de lo que se planteó con la liberalización de las telecomunicaciones en el año 1995 -mejorar la calidad del servicio, incentivar la I+D entre las empresas, haciéndolas más competitivas, e incrementar el empleo al abrirse más empresas en el mercado- se ha hecho realidad.

La realidad nos demuestra que nuestro país se ha convertido en un “campo de experimentos” donde incrementar beneficios a costa de los derechos de los trabajadores.

STC ya dijo en su momento que la competencia, tal y como se perfiló en nuestro país, iba a servir para engordar los bolsillos de los “amiguetes” del Gobierno que habían conseguido las licencias para “facturar” en el sector.

Y decimos facturar, no operar en el sector, porque la mayoría de las empresas que se abrieron al mercado eran virtuales, es decir, no tenían infraestructuras, servicio técnico, etc… Se dedicaron a hacer cartera de clientes descontentos y en el momento que pudieron se vendieron a otras más grandes y consiguieron beneficios multimillonarios con muy poco riesgo.

A día de hoy, se ha dado otra vuelta de tuerca. El trasvase de actividad y trabajadores de unas empresas a otras conlleva la precarización de un sector que todavía mantiene ciertas garantías para no denominarlo precario.

Las operadoras extranjeras que han entrado a operar en el sector de las telecomunicaciones en nuestro país han traído con sus “experimentos” precarización al sector.

No se puede denominar de otra manera, por ejemplo, a lo realizado por la multinacional inglesa VODAFONE al externalizar actividad y personal de mantenimiento de la red fija y móvil a la multinacional china HUAWEI, quien a su vez lo vuelve a externalizar a la empresa española EULEN.

Todo un entramado de despidos colectivos, externalizaciones y subcontrataciones para acabar realizando el trabajo los mismos trabajadores pero con peores condiciones laborales, económicas y sociales.

Un proceso en el que los beneficios empresariales aumentan y lo único que se ha visto mermado ha sido el empleo de calidad y digno.

Las sucesivas fusiones empresariales, subcontrataciones y externalizaciones han generado desempleo y precarización porque la imaginación de estas multinacionales es excesivamente cortoplacista, aprovechando las ocasiones legales que les han ido presentando los Gobiernos de turno a través de las Reformas Laborales y sumado todo ello a una crisis en la que ha primado el mantenimiento y crecimiento de beneficios por encima del mantenimiento y crecimiento del empleo.

Se hace difícil conjugar esta manera de actuar de nuestros empresarios y Gobiernos de turno con el mandato constitucional del artículo 128.1 de que “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.”

Porque mientras los trabajadores, y ciudadanos en general, estamos en crisis los datos económicos no dicen lo mismo para las grandes empresas.

Fuente: Sindicato STEC