2020 Rebelión por el Clima y Extinction Rebellion intentan poner en marcha una rebelión climática no violenta con la que quieren alertar al resto de la sociedad y a los gobiernos de que hasta aquí hemos llegado

CTXT        CARMEN MADORRÁN AYERRA

Junto al camino nunca digas
 no puedo más y aquí me quedo
J.A. Goytisolo

Este lunes 7 de octubre ha sorprendido la acción no violenta de desobediencia civil convocada por 2020 Rebelión por el Clima y Extinction Rebellion. Integrados en el movimiento ecologista y hermanados con otros grupos similares en muchas partes del mundo, intentan poner en marcha una rebelión climática no violenta con la que quieren alertar al resto de la sociedad y a los gobiernos de que hasta aquí hemos llegado; que la crisis climática no es una broma y que, o actuamos ahora con la contundencia que requiere, o estamos literalmente vendidos. Empleando la acción directa no violenta y recuperando así una de las herramientas de la desobediencia civil, el corte temporal del tráfico en Nuevos Ministerios, en Madrid,  y la acampada frente al Ministerio de Transición Ecológica que continuará esta semana (con charlas y talleres a lo largo del día) quiere hacer visible este problema y trasladar al Gobierno sus demandas.
En concreto, estas pasan por declarar la emergencia climática y acompañarla de la reorientación de recursos necesaria para que no quede en papel mojado, o lo que es lo mismo, tomarse en serio lo firmado en los acuerdos de París: limitar el calentamiento global a 1,5ºC. Otra de las exigencias que han puesto sobre la mesa –y que debería ser una obviedad– es que el Gobierno diga la verdad. Que diga la verdad sobre los devastadores efectos que la actual forma de hacer las cosas (el modelo de producción, distribución y consumo que damos por hecho) tiene sobre el planeta y sus recursos. Sobre esto, bastaría con recurrir a la abrumadora evidencia empírica aportada con cada vez más desesperación por científicos de todo el mundo (los informes del IPCC serían el ejemplo más visible). Y decir la verdad, aunque sea entre titubeos, podría ser el primer paso para aceptarla: para aceptar que nuestros sistemas sociales y económicos –sostenidos por el uso desaforado de combustibles fósiles y generando una cantidad ingente de residuos– tienen mucho que ver con la profunda crisis socioecológica que atravesamos. De ahí se sigue la necesidad de poner en marcha un frenazo de emergencia, de adoptar una serie de cambios profundos que pasan por reducir enormemente nuestro consumo de energía y materiales. Para que los cambios necesarios dejen de ser un desiderátum genérico (fácil de generar consenso precisamente por lo etéreo), una de las propuestas que lanzan al Gobierno es la aprobación de una Ley Nacional de Emergencia Climática que fije como objetivo urgente reducir las emisiones de gases de efecto invernadero e impedir que la huella de deterioro ecológico de nuestro territorio supere su biocapacidad.
Otro elemento que señalan y que no puede perderse por el camino es la relevancia de que este proceso de transición a la sostenibilidad (o al menos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero) se haga con la participación del conjunto de la población. Este punto me parece central precisamente ahora, cuando vivimos un momento en el que nuestros sistemas democráticos se debilitan y asisten entre el estupor y la esclerosis al auge de los tan desvergonzados como anacrónicos movimientos nacional-populistas. Pese a su heterogeneidad, esa ola –la de Vox, la Liga Norte, el Frente Nacional, Alternativa para Alemania, Ley y Justicia en Polonia, el Fidesz de Orbán en Hungría, por no hablar de Turquía, Brasil o Estados Unidos– comparte al menos un rasgo común: alienta y azuza los peores impulsos de nuestras sociedades, sus miedos y sus miserias, para lanzarnos unos contra otros en tiempos difíciles y de estrecheces. Frente a eso, es fundamental que las iniciativas que intentan alejarnos del estruendoso choque con los límites biofísicos del planeta afirmen su compromiso profundo con la democracia. La idea de que el complejo proceso de empobrecimiento material –imprescindible para lograr la sostenibilidad– se acompañe de algo que podríamos llamar enriquecimiento social, donde además del robustecimiento de los sistemas democráticos gane espacio la discusión razonada de los asuntos comunes (¿no iba de eso la política?) infunde un halo de esperanza a este empeño.
Además, en sus exigencias al Gobierno, estos grupos no olvidan la justicia climática. Si hablamos de crisis socioecológica es porque hay una enorme crisis social imbricada con la ecológica. No podemos obviar que a nivel nacional, pero también a nivel global, los que menos tienen han contribuido menos al origen y agravamiento de los problemas ecológicos cuando son quienes más fuertemente y desde hace más tiempo sufren los llamados males ecológicos, es decir, las consecuencias infaustas de alguna de las facetas de la crisis ecológica (el número de refugiados climáticos, por mencionar un ejemplo sangrante, sigue aumentando a un ritmo espectacular). Por tanto, el ritmo de descarbonización de los países más emisores históricamente (España es uno de ellos, sobra decirlo) debe ser superior al de la media global.
El lunes 7, por la mañana, al llegar a la puerta del Ministerio de Transición Ecológica, una joven leyó un comunicado en el que se repasaban los principales acuerdos internacionales sobre el clima que, pese a estar firmados por muchos países, no han visto sus objetivos cumplidos ni de lejos. Uno de ellos era la Conferencia de Estocolmo –la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano–, nada menos que de 1972 (para la que René Dubos y Barbara Ward prepararon el célebre libro Una sola tierra). También de los años setenta datan gran parte de los diagnósticos certeros sobre la imposibilidad de continuar por la senda del crecimiento en un planeta finito con recursos limitados. Los análisis y parte de las propuestas (redimensionar nuestras sociedades y sus mórbidas economías para encajar en los límites del único planeta que tenemos) se formularon hace varias décadas. Las ideas casi nunca son nuevas, ni falta que hace. Lo que llega como agua de mayo es el impulso, la exhortación a la acción urgente para que la declarada y casi unánime preocupación por el deterioro del planeta deje de ser tan inocua como las conversaciones de café (“qué mal está lo del medio ambiente”, “sí, cuantísimo plástico hay en el mar”). Estamos, como ha sugerido Jorge Riechmann, en el Siglo de la Gran Prueba; y aunque Gardel insista en que veinte años no es nada, no se nos puede ir ni uno más. Esto no ha hecho más que empezar.