El pasado jueves 22 de junio tuvo lugar una PNL (Proposición No de Ley) presentada por el Grupo Podemos para reprobar y pedir la dimisión del Consejero de Sanidad, el señor Jesús Sánchez-Martos.

La Proposición, defendida por Mónica García, obtuvo un resultado contundente: de 127 diputados y diputadas presentes, votaron a favor de la reprobación 80 y 47 en contra, es decir, tan solo el Grupo Popular se apoyó a sí mismo.

Mónica García hizo una crítica al Consejero pormenorizada: partiendo de la base de que el cuidado de lo común y lo social debe ser el centro del sistema, gestionar mal y no controlar lo gestionado constituye una administración desleal con el dinero de los ciudadanos y ciudadanas de Madrid.

La diputada de la formación morada dibujó un sistema feudal en sanidad que manda al cepo a los profesionales críticos, llegando a expedientar a profesionales por sus opiniones disidentes.

Jesús Sánchez-Martos carece de un proyecto sólido y solvente. Mónica le acusa de dejarse llevar por iniciativas impulsivas y prepotentes.

Y es completamente cierto: se carece de un Plan General de Sanidad y parece que nuestro sistema sanitario va a la deriva, dando bandazos, con un Consejero que toma decisiones erráticas y más preocupado en aparentar que en hacer.


Pero lo que se dijo, pero poco, es que los responsables últimos de la carrera de Sánchez-Martos y sus declaraciones, de sus proyectos que echamos atrás los madrileños y madrileñas en las puertas de los hospitales (como en el caso de Móstoles) tienen nombre: Cristina Cifuentes, que lo nombró, lo respalda y lo mantiene; y Ciudadanos, que respalda a Cifuentes, la ayuda a gobernar y apoya con sus votos los presupuestos que están haciendo posible el deterioro del sistema sanitario y que sigamos estando a niveles presupuestarios de 2009.


Porque aunque desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid nos quieran hacer creer que todo va bien y que somos los mejores, bueno y qué, los datos no avalan esta afirmación.

Si nos tenemos en cuenta los determinantes sociales de salud, es decir, todas las cuestiones que influyen y determinan el estado de salud de los madrileños y las madrileñas, la realidad es bien distinta:

Madrid es la primera comunidad autónoma por PIB y la segunda en renta per cápita, pero solo Andalucía invierte menos dinero en sanidad por habitante.

En la Comunidad de Madrid se mantiene una zona noroeste de niveles socioeconómicos más elevados y una zona sureste con capas de población con rentas inferiores, que reflejan una esperanza de vida menor en caso del sur y una mortalidad más elevada. Son estas desigualdades, que hacen que según dónde nazcas así vivas, las que deberían tenerse en cuenta a la hora de hacer una planificación sanitaria eficaz e igualitaria.

El convertir la sanidad madrileña en una oportunidad de negocio donde prime el beneficio ha supuesto un trasvase de fondos públicos a manos privadas.

La corrupción del PP no es algo anecdótico: dinero que se puede invertir en sanidad y en otros servicios sociales va a parar a bolsillos ajenos.

La sanidad madrileña dista mucho de ser universal, tal y como proclama Cristina Cifuentes: a pesar de que la atención sanitaria se haya extendido a personas que quedaron excluidas por el RDL 16/2012, no reciben una atención médica en condiciones de igualdad, ni siquiera tienen acceso a una Tarjeta Sanitaria Individual. Y el derecho a la salud es un derecho fundamental aunque no esté situado en la Sección Primera del Capítulo II del Título I de la Constitución, que regula los derechos fundamentales y las libertades públicas.

Se ha instaurado el copago farmacéutico para los pensionistas, lo que significa que hay enfermos que abandonan el tratamiento porque no se pueden permitir pagarlo.

La Atención Primaria sufre un deterioro sin parangón, un abandono completo. Los profesionales de la salud en Atención Primaria tienen que cubrir una población inadmisible con unos tiempos de atención a los pacientes inferiores en muchos casos a los cinco minutos, el tiempo justo para saludar y decir adiós.

No vamos a ahondar en el deterioro de los hospitales públicos; desde aquí ofrecemos puntualmente noticias acerca de ellos. Pero sí recordar que la mayoría de ellos se deben a un mal mantenimiento que está contratado con empresas privadas mientras que el personal de mantenimiento propio de los hospitales se está quedando para tareas residuales y para arreglar rápidamente lo que otros cobran por hacer y no hacen o hacen mal.

Ha habido una pérdida tremenda de personal sanitario y no sanitario y esta pérdida trae consigo la de derechos sociales y laborales. Los y las profesionales de Sanidad cada vez tienen más miedo a ser críticos con un sistema que ha demostrado tener un funcionamiento feudal y no ser capaz de tolerar la mínima crítica.

Podríamos seguir así hasta casi el infinito, podríamos hablar del cierre de camas, de lo que ha pasado en Móstoles o de las cucarachas del Gregorio Marañón y de la carta firmada por 750 profesionales de la salud denunciando la precariedad en la que trabajan o de las represalias y la falta de democracia, ni de lo que entiende el Sr. Sánchez-Martos por sana crítica.

Por eso pensamos que el señor Sánchez-Martos debe irse. Pero no solo él. Es hora de deshacernos de un Gobierno que sí tiene una política clara: privatizar la sanidad madrileña. Sánchez-Martos no es el responsable último, sólo la cabeza visible: Cristina Cifuentes, como Presidenta de la Comunidad de Madrid y el partido Ciudadanos que, si bien votó a favor de la reprobación al Consejero de Sanidad, está colaborando en el mantenimiento y supervivencia de un gobierno que lleva años desprestigiando por la vía de los hechos a la sanidad pública madrileña. Un partido, Ciudadanos, que apoyó la Ley de Presupuestos para la Comunidad de Madrid y que marcará toda la política sanitaria y social de este año, por lo menos.

El problema no es el señor Consejero. El problema lo constituyen las fuerzas políticas que abogan por la vía privatizadora de la sanidad pública madrileña representadas por el PP y Ciudadanos.

Movimiento Asambleario de Trabajadores-as de Sanidad