EL SALTO

Profesionales, familiares y expertos afirman que la falta de personal es uno de los principales problemas en las residencias de la Comunidad de Madrid, que aún se guían por ratios fijadas en los años 90.
El 9 de mayo de 2017, Jesús Navarro era el único enfermero que trabajaba en el turno de noche de la residencia para personas mayores de Arganda del Rey (Madrid). Junto a él había diez auxiliares para atender a 343 residentes. Más de 30 ancianos por trabajadora a los que cambiar pañal, cambiar de postura, dar ‘recenas’ y pastillas. Jesús, por su parte, se encargaba de preparar la medicación para el día siguiente. Una dosis por paciente y por comida, seleccionadas cuidadosamente. Más de 1.300 bandejitas preparadas, como cada noche desde hacía ocho años.
El día ya se asomaba a la puerta cuando Jesús recibió un mensaje de WhatsApp. Eran las seis de la mañana y los auxiliares le avisaban de que debía subir de manera urgente a la sexta planta. “Ha pasado algo gordo”, pensaba para sus adentros mientras se apresuraba a socorrer la urgencia.
“Me encontré a una mujer tirada en el suelo, en el lado izquierdo de la cama, con la pierna derecha semiamputada a la altura del tobillo, atrapada en la barandilla. Bajé a por material, volvía a subir, llamé a la policía, a los bomberos… Era un enfermero solo y era incapaz de ayudarla sin recibir ayuda; me generó un gran estado de estrés y ansiedad”, describe atropelladamente. Al mismo tiempo se encargó de comunicar lo ocurrido al director del centro. “Le llamé tres veces y no me lo cogió. Llamé a su mujer, que también trabajaba en la residencia, tampoco lo cogió. Aquella noche fue la gota que colmó el vaso. Decidí denunciar los hechos ante la Fiscalía, que ha abierto una investigación”.
Cecilia, de 93 años, fue trasladada al hospital y murió a los pocos días por las heridas de la pierna. La Comunidad de Madrid describió lo ocurrido como un “accidente”, pero Jesús insiste en que fue totalmente evitable. “Que una persona muera porque una barandilla no tenga un buen mantenimiento es un accidente evitable. Yo hice vídeos de cómo estaban las barandillas, todas tambaleándose. Ahora todas tienen que ir con centinelas, cojines que van entre la barandilla y la persona para que no puedan meter ni la pierna ni el brazo”, relata. La Comunidad también dijo que la ratio se cumplía. Aseguraron que aquella noche había 14 auxiliares, tres enfermeros y un fisioterapeuta. “Eso es mentira”, sentencia el enfermero.

A VUELTAS CON LAS RATIOS

Profesionales, familiares y expertos coinciden en que la falta de personal es uno de los principales problemas en las residencias de la Comunidad de Madrid. Los centros aún se guían por ratios fijadas en los años 90. Concretamente en el Decreto 91/1990. En él se establece que el porcentaje de personal debe ser de 25 trabajadores por cada cien usuarios no dependientes y de 35 trabajadores por cada cien usuarios dependientes. El problema es que los tiempos han cambiado y hoy la tasa de grandes dependientes es mucho mayor.
“En la actualidad hay un 80% de personas con grado 3 de dependencia, que son personas a las que se les tiene que hacer todo. La gente que no tiene dependencia suele apurar al máximo para estar en su casa”, explica Raúl Camargo, diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid y ponente de una nueva ley que se está cocinando en el Parlamento autonómico.
Por otro lado, en la ley no se diferencia entre categorías profesionales, por lo que es fácil cumplirla si se incluye a cocineras o recepcionistas en los cálculos, estrategia que denuncian familiares y profesionales. Todo esto se traduce en un personal sobreexplotado en un sector altamente feminizado. “Entre las auxiliares de enfermería, un 90% son mujeres, en un sector precarizado hasta extremos tremendos. Hablamos de salarios que pueden ser de 700-800 euros por 40 horas semanales, con mucha carga de trabajo”, explica el diputado autonómico.
Elena Romero es auxiliar de enfermería en la residencia de mayores de Alcorcón y corrobora esta situación. “Llevamos alrededor de 20 residentes por persona. Por las noches se han llegado a quedar tres auxiliares para 220 mayores. Nos hacemos cargo del aseo, reparto de medicación, desayunos, hacemos las camas… todas las tareas asistenciales. La mayoría son grandes dependientes con movilidad cero. No contamos con ayuda de celadores, cuentas con tus manos y con la de alguna compañera. Movilizar a un gran dependiente es difícil, se le termina dando un trato indigno, aunque no quieras. El 80% de las compañeras tiene lesiones en hombros, muñecas o cervicales”, cuenta Romero, quien es delegada sindical del Movimiento Asambleario de Trabajadores/as de Sanidad (MATS). Y es que el hartazgo les ha llevado a denunciar su situación ante el juzgado de guardia de Alcorcón y, además, han creado una sección sindical.

LAS RESIDENCIAS COMO NEGOCIO

Este panorama de precariedad laboral cristaliza en unas condiciones poco dignas para los residentes. Los familiares denuncian que estos establecimientos se han convertido en una máquina de hacer dinero en la que prima el beneficio al bienestar de los mayores. En Madrid existe un total de 427 residencias, de las cuales tan solo 73 son públicas, tal y como reflejan los datos del informe nº 18 de Envejecimiento en red, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Madrid es la novena por la cola en toda España en proporción de residencias públicas.
Dentro de las públicas, una buena parte cuenta con su gestión externalizada. Y aquí es donde muchos hacen caja. “Muchas están concedidas a amigos del PP, como el caso de Aralia, empresa que era de José Luis Ulibarri”, denuncia Camargo. Este empresario a día de hoy se encuentra en prisión provisional envuelto en la trama Enredadera y también está siendo investigado dentro de la trama Gürtel. A los familiares de los usuarios de la residencia de mayores Parque los Frailes de Leganés no se les escapó este detalle cuando Aralia Servicios Sociosanitarios ganó el concurso en octubre de 2017.
Rafael Adrián, portavoz de los usuarios y familias de la residencia, explica que, ya desde su llegada, con la oferta más barata, hizo gala de ahorro y austeridad. De los más de 14 millones de euros que aparecían en el pliego de convocatoria, el servicio pasó a adjudicarse por 12,5. El resultado de esta “puja a la baja” es la “merma en la calidad de los servicios”. “Hay una falta de personal constante, no se cubren las bajas ni las vacaciones. Esto lo ha comprobado la propia Comunidad de Madrid y les ha sancionado en dos ocasiones”, asegura Adrián.
“También hay muchos problemas con la comida; ponen pescados con espinas. Y la ropa igual, han subcontratado la lavandería y se pierden prendas. Ahora pretenden que las sujeciones las paguemos nosotros”, se queja el portavoz de un grupo de familiares que ante las deficiencias ha pasado a la acción. “Hemos registrado muchas denuncias ante la Comunidad de Madrid, hemos hecho dos concentraciones a las puertas del centro y una manifestación”. Su lucha ahora está focalizada en el servicio de farmacia.
Aralia ha cambiado de proveedor y no dispone de robot para emblistado de medicamentos. Estos se suministran a mano, no garantizando las medidas de seguridad. “En una ocasión se equivocaron con la medicación de uno de los usuarios. Le dieron la medicación de su mujer y estuvo muy malito, para morirse”, expresa el portavoz de los familiares.

RECLAMACIONES QUE SE ACUMULAN

Pese a la precariedad, estamos ante un servicio que las personas deben afrontar con buena parte de sus ingresos. María Ángeles Bueno, presidenta de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (Pladigmare), señala que en las residencias privadas los precios pueden alcanzar los 2.000 euros al mes. “En la pública, a la que se accede a través de la Ley de Dependencia, el precio que se paga es del 80% de la pensión del usuario”, añade.
Bueno lidera una plataforma nacida en 2017 y que agrupa a un centenar de familiares pertenecientes a una veintena de residencias de Madrid. Les unen las miles de denuncias que se acumulan en cada centro. Unas reclamaciones a las que la Comunidad de Madrid contesta “tarde, mal y nunca”. “Tal y como está el sistema montado, la persona no está en el centro de la atención. Están pensadas como negocio y se está mirando el máximo beneficio. Recortan en atención y en personal para conseguir los máximos beneficios”, sentencia.
Estas reclamaciones, en algunas ocasiones, dan el salto a la vía judicial. En la residencia de mayores de Alcorcón ya se han vivido dos investigaciones por la muerte de dos residentes. “A Miguel le encontraron muerto en un banco y llevaba ya tiempo. A la otra mujer la ingresaron en el hospital con una obstrucción abdominal, con heces acumuladas”, cuenta Lola Parra, miembro de la Plataforma de Familiares y Residentes de la Residencia de Alcorcón, tristemente famosa por sus deficiencias. “Los usuarios se escapaban todos los días. A una mujer se la encontraron en Móstoles”, señala. “Hay muchísimos problemas y, además, bastante graves. Caídas, dejadez, falta de higiene, comida de dudosa calidad”, enumera Parra mientras destaca un dato: “Tienen un presupuesto de 5,5 euros por persona y por día para las cuatro comidas”.
Y todo en lugares que hoy copan los grandes dependientes, como el padre de Mar Martín, que se encuentra en la residencia de ancianos Vitalia Leganés, un centro privado con plazas concertadas, la tercera modalidad de ingresos que existe en Madrid. “Con los grandes dependientes hay muy poca estimulación. Mi padre está atado en una silla y le mueven muy poco. No fomentan que realice actividades. Tampoco te reportan mucho la evolución del familiar. Te mandan cada seis meses un informe, pero es casi un corta y pega del anterior”, relata Martín, quien relaciona esta situación con la falta de personal, “y eso que se llevan mucho dinero, 90 euros por persona al día”.
El pasado 10 de mayo se admitía a trámite una nueva ley, con los votos en contra del Partido Popular y la abstención de Ciudadanos. “Lo más importante de nuestra propuesta es un nuevo modelo de ratios, proponemos que aumenten y que se establezcan en función del grado de dependencia. Cogiendo el guante de los estudios de expertos en gerontología, proponemos un auxiliar por cada ocho personas con grado de dependencia 3”, describe el diputado de Podemos Raúl Camargo. El PP votó en contra alegando que ya han puesto en marcha un plan para contratar a mil trabajadores más. “Esto sigue siendo insuficiente, nada que ver con lo que nosotros proponemos”, afirma Carmargo.
Mientras tanto, Jesús Navarro sigue preparando cada noche la medicación de todos los residentes a los que atiende, sin perder el ánimo y advirtiendo de que su trabajo cada vez será más necesario. “Aquí estamos para trabajar por los residentes. Por tu tía, por tu padre, por tu abuela, por tu hermano y por todos los futuros residentes, porque el mañana lo tenemos que hacer hoy”, sentencia.